Carme Forcadell y compañía se han salvado de la cárcel indefinida con argumentos políticos, que no jurídicos. Convirtieron su declaración en el Supremo en un mitin político, ahora en favor de España por contraste con sus proclamas independentistas de una semana atrás. La libertad bajo fianza ha sido acordada de consuno por un magistrado del Supremo, por un ministro reprobado y por un fiscal general del Gobierno reprobado, pues todos ellos se han pronunciado sobre los criterios políticos que enmarcan la ausencia de rejas. Por tanto, la presidenta del Parlament y el resto de la mesa adquieren el rango de liberados políticos. Simétricamente, esta constatación obliga a conceder a los diez encarcelados sin posibilidad de fianza el rango de presos políticos. Salvo para ese engrudo hipócrita llamado Amnistía Internacional.
La media docena de instancias judiciales españolas y belgas absorbidas por la crisis catalana solo coinciden en que afrontan un problema político. A partir de ahí, la entusiasta Audiencia Nacional piensa que todos deben ir a la cárcel porque más dura será la caída, el Tribunal Supremo atempera el furor del "a por ellos" y ve desproporcionada la privación de libertad, el juez belga no advierte motivos ni para detener a los rebelionistas secesionistas sediciosos, y al Tribunal Superior de Cataluña se le expulsa del festival por blando. A esto se le llama argumentación jurídica, aunque sería más apropiado concluir que hay algo más grave que los tertulianos metidos a jueces, y son los jueces metidos a tertulianos.
A Forcadell solo le ha faltado pedir un hueco en la lista de García Albiol, la ultraderecha también brama porque se ha percatado de que el corporativismo político transversal está por encima del nacionalismo catalán o español. La justicia ha consagrado tan abnegados esfuerzos a un proceso catalán sin un solo herido leve y, a lo que parece, sin un solo creyente dispuesto al martirio, que no ha podido proteger a la mujer asesinada en Elda por su excompañero. Al día siguiente de que fuera detenido y puesto en libertad por el aparato judicial.
