La defenestrada diputada de Podemos Carolina Bescansa (qué afán tan destructivo tiene Pablo Iglesias dilapidando absurdamente el mejor capital humano a disposición del partido) fue un estilete en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que indaga la interminable corrupción del PP. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ("pero qué diablos es la UDEF", preguntó en su día el acorralado Jordi Pujol) Manuel Morocho respondía a la oposición asegurando que el PP intentó desestabilizar las pesquisas, pretensión que se remonta al inicio de los tiempos, cuando Carolina Bescansa inquirió escuetamente si, entre otros prebostes populares, Mariano Rajoy aparecía en los papeles de Bárcenas. La no menos lacónica respuesta del inspector jefe de la UDEF fue la siguiente: "indiciariamente, sí". El semblante de los diputados del PP, cuya misión es la de neutralizar los trabajos de la comisión, fue el imaginable.
Indiciariamente si España fuese la democracia homologable con las europeas que se asegura con tanto énfasis como a veces escasa convicción que es, Mariano Rajoy tiempo atrás habría presentado su dimisión irrevocable y convocado elecciones generales. No lo hizo ni cuando se supo del "Luis, sé fuerte", acompañado del "hacemos lo que podemos". Rajoy despachó el asunto con la retórica displicencia acostumbrada, la que habitualmente jalea el cuatridiario en papel que se edita en Madrid.
Que "indiciariamente" aparezca en los papeles de Bárcenas, según un acreditado jefe de la Unidad de Delincuencia Económica, no le va a incomodar en modo alguno. Rajoy se ocupa de lo que se ocupa; es decir, casi de nada, solo que ahora se las está teniendo que ver con el contencioso catalán, al que agradece íntimamente que haya posibilitado cerrar mediáticamene los casos de corrupción que le conciernen directamente, aunque "todo es falso, salvo alguna cosa". La calidad de la democracia española empieza a ser cuestionada no solo en Europa, sino que su evidente deterioro hace peligrar la institucionlidad surgida en 1978. No lo llamaremos el Régimen del 78 para no incomodar a quienes se sienten legítimamente parte del mismo, sin entender que la ciudadanía española constituye su esencia, aunque hoy lo cuestionan con mayor o menor radicalidad. Como siempre en la historia de España, los que se sienten herederos universales del patrimonio común tienden a excluir a los demás.
Cataluña opaca, y de qué manera, los aspectos "indiciarios" de las corrupciones del partido en el Gobierno; difumina una situación económica que contiene aspectos altamente inquietantes; impide contemplar que una parte de la ciudadanía lo pasa francamente mal, porque el empleo al que por fin ha conseguido acceder no le saca del estado de precariedad en el que se ha sumido y, lo que es fundamental, bloquea un proyecto serio de la denominada regeneración, que no se atisba por parte alguna.
Cataluña deviene en la gran coartada a disposición de Mariano Rajoy para seguir sin hacer nada. El presidente del Gobierno no resolvió lo peor de la crisis económica: lo hicieron los poderes europeos, en especial el presidente del Banco Central, el italiano Mario Draghi, al afirmar que "se hará lo que sea necesario y será suficiente". Lo fue. Rajoy se repantingó, puesto que se pudo consumar el rescate de la banca española, el que no iba a ser pagado por los contribuyentes, según afirmó enfáticamente en el Congreso de los Diputados cuando degustaba la mayoría absoluta ofrecida por el mortal legado de Rodríguez Zapatero. Son 40.000 millones de euros los que no se recuperarán. Los españoles los hemos amortizado con múltiples e inacabables recortes, que siguen sin pausa.
Rajoy tiene a Cataluña como seguro refugio. Los independentistas se la han ofrecido en bandeja. Indiciariamente el presidente seguirá en Moncloa.
