Ayer, nos desayunábamos con una noticia sorprendente: los medios informaban de que la Fiscalía general del Estado se estaría planteando reconsiderar la situación del exvicepresidente de la Generalitat, Junqueras, y de los siete consellers encarcelados y proponer al juez su libertad con condiciones si se muestran dispuestos a "acatar la Constitución sin titubeos" (lo literal es la información, no necesariamente el mensaje de la Fiscalía) y a perseguir el objetivo de la independencia sólo mediante procedimientos ajustados a Derecho. Igualmente, se advertía de que la acusación pública propondría libertades bajo fianza a los miembros de la Mesa que se desmarcaran del desafío independentista.
Esta actitud es muy controvertible, y el chirrido malsonante puede deberse bien a la Fiscalía, bien a quien ha realizado la transcripción. Porque en un régimen democrático no es obligatorio acatar la Constitución vigente, si al verbo se le da el sentido que le otorga la segunda acepción de la Academia: "mostrar respeto o sumisión hacia una persona, una orden o un estado de cosas". En estos regímenes pluralistas y abiertos, es perfectamente admisible que alguien discrepe radicalmente de la Constitución y dedique su empeño a cambiarla. Lo que sí es exigible es el acatamiento a la Constitución y a las leyes vigentes entendiendo por acatar lo que significa según la primera acepción dela RAE: "Aceptar y cumplir una orden o una ley". En otras palabras, lo exigible a los independentistas no es que dejen de serlo sino que traten de conseguir sus objetivos políticos por los procedimientos legales.
Sea como sea, lo cierto es que, según filtraciones a la prensa, la expresidenta del Parlament, Forcadell, declaró ayer ante el magistrado Tribunal Supremo Pablo Llarena que la DUI del 27 de septiembre fue "simbólica" y "declarativa"; así como que acataba el artículo 155 CE. Algunos otros miembros de la Mesa se habrían manifestado en términos parecidos
Una vez concluidas las declaraciones, el juez celebró la vistilla habitual para aplicar o no medidas cautelares, que sólo se imponen a requerimiento de la Fiscalía. Esta solicitó finalmente prisión incondicional para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa (Corominas, Simó y Guinó); fianza para Barrufet y Nuet en libertad. El juez, finalmente, renunció a la prisión incondicional y optó por la privación de libertad eludible mediante fianza. 150.000 euros deberá depositar Forcadell para quedar en libertad condicional y 25.000 euros los demás inculpados.
La causa instruida en el Supremo contra los miembros de la Mesa por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación confluye evidentemente con la instruida en la Audiencia Nacional contra el gobierno de la Generalitat, cinco de cuyos miembros están en Bélgica, con el expresidente Puigdemont al frente, y los demás en prisión, con el vicepresidente Junqueras a la cabeza. Cabe, en consecuencia, esperar que el magistrado instructor del Supremo; Llarena, solicite a la jueza de la Audiencia Nacional, Lamela, que se inhiba a su favor de toda la causa, lo que supondría revisar asimismo la situación de prisión provisional de los encausados. De hecho, Llarena ya reclamó ayer la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión por delitos de desobediencia y prevaricación.
Es evidente que la libertad de parlamentarios y exconsejeros relajaría considerablemente la tensión política que se vive en Cataluña, al tiempo que dejaría en evidencia a los "fugados" en Bruselas, con Puigdemont al frente. En todo caso, la nueva circunstancia obligaría al PDeCAT a planearse la candidatura y el liderazgo. Y, en general, la distensión favorecería a las formaciones moderadas en perjuicio de las más radicales, que por el contrario tendrían tantas más opciones cuanto más crispada esté la situación el 21D.
En cualquier caso, es patente que la judicialización del conflicto (que ha sido inexorable una vez desencadenados los acontecimientos al margen de la legalidad) no ha servido para suavizarlo y brindarle salidas sino al contrario. Lo que nos da la razón a quienes pensábamos que había que haber aplicado antes las herramientas constitucionales que permiten mantener el principio de legalidad frente a los que se proponen vulnerarlo. Si no hubiera legado a haber delito, no nos veríamos ahora asediados por sus consecuencias.
