Lo sucedido en Cataluña, una violación continuada y flagrante de la legalidad por parte del soberanismo gobernante hasta el estallido frustrado, no puede quedar impune, ni política ni penalmente. El principal criterio democrático, que es el del respeto escrupuloso al Estado de Derecho que establece las reglas de juego acordadas por todos -la Constitución, paccionada por una mayoría muy significativa del abanico ideológico y del cuerpo social—, tiene que ser mantenido, no sólo declarativamente sino también con la eficacia que proporciona el sistema penal, una legislación de mínimos que castiga a los infractores que se hayan extralimitado en su conducta.
En consecuencia, no tiene sentido escandalizarse porque se aplique el rigor de la ley a personajes que han violentado la legalidad, han menospreciado el pacto social, y han amenazado incluso con provocar una ruptura de la unidad territorial, que es uno de los bienes más protegidos por la Carta Magna. Pero precisamente porque ellos han violentado la legalidad, el Estado debe mantenerse con escrupuloso cuidado dentro de ella. Y el Poder Judicial está obligado a actuar con la más exquisita delicadeza.
Viene esto a cuento de que la Justicia no ha acertado en alguna de sus últimas decisiones más aparatosas. En primer lugar, habría que resolver la polémica abierta sobre si el delito de rebelión, del que se acusa a los consejeros encarcelados, es o no competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal especial que se creó para combatir el terrorismo y que ha extendido su campo de actuación hasta más allá de lo necesario pero cuyo alcance está tasado. El hecho de que la fiscalía utilice una larguísima argumentación para defender su competencia resulta ya sospechoso. De cualquier modo, los profanos debemos acabar entendiendo por qué en este caso sí es competente cuando no lo era en 2008, cuando un auto del plenario la propia Audiencia Nacional, suscrito por una veintena de magistrados, decía textualmente que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional". Aquel auto resolvía el caso de la investigación sobre los crímenes del franquismo abierta por Baltasar Garzón.
Tampoco es fácil de entender cómo es posible que el Tribunal Supremo, que enjuicia a los miembros del Mesa del Parlamento catalán, ha creído que el respeto al derecho de defensa obligaba a conceder a los abogados algún tiempo más para conocer la causa, en tanto la jueza Lamela no ha considerado oportuno hacer otro tanto. Algún medio ha recordado que en el ´caso Bultó´, el asesinato de un empresario por terroristas catalanes, el tribunal de Estrasburgo anuló la condena a tres supuestos terroristas "porque no respondió a las exigencias de un juicio justo". El ridículo de la Justicia española fue inefable.
Finalmente, el auto de la jueza Lamela contra Junqueras y otros siete exconsejeros ha sido criticado con rotundidad por sectores jurídicos bien poco sospechosos y con argumentos contundentes. Así, Manuel Conthe, antiguo Secretario de Estado de Economía y expresidente de la CNMV, ha escrito en su prestigioso blog que "el auto de la jueza Lamela me parece torpe y su decisión de mandar a prisión a los querellados, desproporcionada, innecesaria y perturbadora". La argumentación es muy larga y sustanciosa, y tan sólo recojo dos aspectos: por una parte, hay que desarrollar un alto grado de voluntarismo para detectar indicios de un delito de rebelión en los hechos (la violencia es elemento esencial de dicha tipificación penal), y, por otra parte, es absurda la tesis de que la fuga de Puigdemont demostraría que los demás acusados también podrían fugarse; lo evidente, hasta ahora, es que hay políticos de dos pastas distintas: la de los cobardes que se van y la de quienes asumen valientemente su responsabilidad, que se quedan.
En definitiva, los excesos cometidos por el independentismo han de ser sancionados con rigor, proporción y firmeza. Pero la Justicia tiene la obligación de la integridad, y -si es posible- de un cierto derroche de profesionalidad inteligente. Por ahora, falta notoriamente en determinadas dependencias judiciales esa ecuanimidad señorial que derrama la Justicia de calidad.
