Con la candidez propia del recién llegado, algunos dirigentes políticos han insistido en lamentar que no se buscara en la política una solución a la crisis catalana. Cuando reclaman el ejercicio de la política, en realidad están proponiendo inaugurar la ceremonia de la negociación, que según las crónicas se abrió a última hora para volver a cerrarse inmediatamente, consumándose así el fracaso que hoy compartimos el conjunto de los españoles y los independentistas. El intento es loable. Pero es necesario comprender que en Cataluña se está jugando una partida de enorme trascendencia histórica y alta política, aunque en ocasiones el comportamiento de los actores dé a entender otra cosa, provocando perplejidad, irritación o mofa. Política es el movimiento separatista, llevada a un extremo no visto en esta larga etapa democrática que se acerca al medio siglo, y política es la actuación del gobierno español desde el principio. Las pretensiones del catalanismo han tenido que llegar a un límite para encontrarse por primera vez con una respuesta a la altura del desafío que planteaba.
El presidente de Cataluña ya cesado pudo convocar elecciones. Se lo pidieron personas, periódicos e instituciones muy influyentes de la comunidad autónoma y la mayoría de los catalanes estaban de acuerdo. Hubiera desactivado al menos en parte la aplicación del artículo 155 y hubiera hecho dudar a los dirigentes del PSOE sobre su alineamiento con el gobierno de Rajoy, además de mostrar una actitud más respetable ante el mundo. Era su primera opción y parecía dispuesto a anunciarla, pero no lo hizo por las presiones recibidas desde dentro y desde fuera de su gobierno. Teniendo en cuenta que su rectificación se produjo a sabiendas de que tan solo horas después el gobierno español iba a cortar en seco la carrera hacia la secesión, la decisión de Puigdemont es un error político garrafal, a menos que se piense que esa es la única manera de mantener movilizadas y unidas a las bases sociales del independentismo. En las semanas que vienen comprobaremos si los líderes separatistas lo han logrado.
Azuzado por el PSOE y sobremanera por Ciudadanos, al que se percibe muy ansioso, con un discurso algo montaraz, ha sido Rajoy el que ha convocado con toda urgencia elecciones para la primera fecha posible. La aplicación del artículo 155, queda así reducida a retirar los restos de la infraestructura institucional creada por el bloque independentista para servir a la causa, y a gestionar el trámite electoral. Ahora los secesionistas tendrán que definir de nuevo su estrategia, empezando por decidir si participan en unas elecciones convocadas por el gobierno que ha desbaratado sus planes y rechazadas por la mitad de los votantes de la coalición que ha gobernado Cataluña hasta ayer mismo. Disponen para ello de veinte días, el plazo fijado en la ley electoral para presentar las candidaturas. Para las fuerzas separatistas, no participar supondría quedarse en la calle durante una legislatura, un período que puede hacerse muy largo fuera del parlamento y lejos del gobierno.
La convocatoria a las urnas desplaza el centro de atención de la crisis al escenario electoral y la devuelve a la normalidad institucional, pero en cualquier caso las elecciones se celebrarán en unas circunstancias excepcionales, que a día de hoy son incógnitas por despejar. Están referidas en general al ambiente político de la campaña, y en particular a siglas, candidatos, mensajes, coaliciones preelectorales o postelectorales, y afectan sobre todo al campo independentista. Aquí cobran especial importancia las decisiones que se adopten en relación con la televisión pública, que es con diferencia el medio más seguido por una amplia mayoría de catalanes para obtener información de las campañas electorales.
Hemos de ponernos en situación. Las elecciones eran inevitables antes o después. La premura con que han sido convocadas obedece a las prisas de Ciudadanos y los reparos del PSOE al artículo 155, que se aplicará en una versión de mediana liviandad. El gobierno también ha visto en ellas la posibilidad de crear dificultades a los separatistas y acortar el camino de vuelta a la normalidad. No obstante, esto va a depender, en primer lugar, de la participación de los independentistas y, en segundo lugar, del resultado. Una victoria de los partidos soberanistas podría hacernos retroceder a la incertidumbre que hemos vivido y no está nada claro que los partidos unionistas sean capaces de formar una coalición de gobierno si consiguen una mayoría de escaños. La última encuesta publicada, hecha antes de que ocurrieran los episodios de esta semana y de conocer los nombres de los candidatos, estimaba que más del 40% de los votantes catalanes dudaban si repetir su voto. Las elecciones no son la panacea de la cuestión catalana, que se ha instalado en el núcleo de los grandes problemas de la sociedad española, ni siquiera una salida segura del impasse actual. En todo caso, la convocatoria de elecciones en Cataluña supone un cambio de tercio, que a veces es lo mejor que podemos hacer, nos concede un tiempo para calmar las emociones, reflexionar, hablar, y permitirá poner a prueba la verdadera consistencia del independentismo, que es la clave principal, junto con la fuga del nacionalismo convergente, de esta crisis que se prolonga ya casi una década.
