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Independencia y 155

Se impusieron las dinámicas propias: el pasado 27 de octubre, con pocos minutos de diferencia, el Parlamento catalán aprobaba la declaración de independencia (con 70 votos favorables, 10 en contra y dos en blanco) y, poco después, el Senado daba luz verde al Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución (que implicaría la intervención de la Generalitat catalana).

A los pocos minutos de la declaración de independencia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedía tranquilidad al conjunto de la ciudadanía, asegurando una pronta "restauración de la legalidad" en Cataluña. Por los instrumentos disponibles, el Gobierno tiene fuerza suficiente para conseguir sus objetivos. Lo que no está tan claro es que sea de forma rápida y sin costes. A la espera de lo que pueda pasar en los próximos días, es factible que la recién declarada república catalana no obtenga apoyos significativos en el extranjero y parece difícil que pueda asegurar el control político y económico en Cataluña (recordemos que la Generalitat está intervenida desde el ministerio de Hacienda, desde hace algo más de un mes).

No obstante, aplicar el controvertido artículo 155 de la Constitución no será una tarea fácil. Más allá de la destitución de los altos cargos independentistas, los más de 200.000 funcionarios de la Generalitat pueden obstaculizar (sin caer en graves infracciones) el funcionamiento de la administración, ante mandos enviados desde Madrid. La escasa presencia del Estado, en Cataluña, tampoco ayudará en esa tarea.

En cualquier caso, ahora sí se entra en un terreno desconocido en el conflicto catalán. Y con un entorno ambiental más sombrío, que hace unos meses.

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