John H. Elliot es uno de los hispanistas de más prestigio, reconocido con el premio Príncipe de Asturias en 1996. Esta extraña casta de expertos anglosajones versados en la realidad española ha clarificado siempre la confusión intelectual de este país, demasiado complejo para ser examinado con tino desde la corta distancia. Y hace apenas unas horas, uno de los diagnósticos emitidos por este insigne personaje ha mediado en una polémica activa: "En las escuelas catalanas, se falsea la historia desde los 80", ha dicho. El adoctrinamiento viene, pues, de antiguo. Desde los ochenta, e incluso antes, el nacionalismo catalán ha urdido un colosal bulo jurídico, político y social encaminado a colmar el ego megalómano de sus principales impulsores, con Pujol a la cabeza, hasta convertirlos en reyezuelos de una Cataluña reconcentrada de raza pura, sin adherencias castellanas, sin tener que recibir más charnegos, sin verse conminados por la comunidad intelectual a reconocer que la cultura catalana es una rama más, todo lo frondosa y esplendorosa que se quiera, de las culturas hispánicas, vinculadas a un tronco común de origen grecorromano.
Pues bien: este proceso insidioso y falsario, lleno de mendacidad, basado en un descreimiento moral absoluto -el nacionalismo encierra siempre una grave insolidaridad hacia el disidente y el vecino-, toca a su fin con la aprobación de la propuesta gubernamental de actuación basada en el artículo 155 de la Constitución, que ya es la única solución posible después de la negativa de Puigdemont a convocar elecciones en las últimas horas que le quedaban como presidente de la Generalitat. Los sediciosos, que han ofrecido un espectáculo indigno de violación de una prestigiosa legalidad democrática cargada de irreprochable legitimidad, se disponían anoche a culminar su viaje seudorrevolucionario, proclamando una ruptura negada por más de la mitad de sus conciudadanos, por el Estado español y por toda la comunidad internacional. Y el Estado pone hoy en pie los mecanismos que le ofrece la carta magna no para "arrasar" la autonomía catalana sino para devolver a los catalanes -a todos ellos- las instituciones violadas por unos gobernantes indignos que han desconocido el principio de legalidad y han sembrado una inseguridad jurídica que, como resultado más aparatoso, ha provocado la salida de Cataluña de más de 1.500 grandes empresas.
Lo más grave e inquietante es ahora que los sediciosos tratarán de lanzar a la ciudadanía contra la representación del Estado que asuma esta incómoda pero inevitable tarea. ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes están presos, acusados de sedición por haberse opuesto presuntamente a que una comisión judicial arropada por la Guardia Civil hiciera su trabajo, son organizaciones expertas en soliviantar a las muchedumbres con alegatos demagógicos, y harán cuanto puedan para frustrar de esta forma tumultuaria la vuelta a la normalidad. La tensión será elevada, y de mantener la inflamación se encargarán irresponsablemente quienes han dado ya tantas muestras de fanatismo. Pero deben saber los instigadores de este previsible delirio que cuanto pueda acontecer será de su exclusiva responsabilidad. Las marrullerías tienen las patas muy cortas en esta sociedad de la información, y quien trabaja de buena fe y con entrega personal a favor del imperio de la ley tiene siempre la razón y goza de las simpatías de la opinión pública, nacional e internacional.
Los cruceristas extranjeros que desembarcan estos días en Barcelona son advertidos por los operadores de que deben guardar ciertas cautelas, huir de las aglomeraciones de manifestantes, eludir visitar las sedes de organismos oficiales? El siguiente paso de las navieras será eludir el puerto de Barcelona. Este es solo un ejemplo de una decadencia que a todos nos acabará afectando, y que se agravará con el tiempo si perdura la inestabilidad. Ya se sabe que a los independentistas más fogosos nos les importa el precio que haya que pagar por la conquista de su objetivo inalcanzable, pero uno quiere creer que hay en Cataluña cada vez más gente decidida a lograr a toda costa que prevalezcan el seny, la cordura, le democracia y la ética pública de la responsabilidad.
