La economía no es inmune a la política, muy al contrario: exige unos pocos principios claros e inamovibles que equilibren la imprescindible libertad empresarial con la seguridad jurídica. Una elevada tasa de ahorro -público y privado- facilita los niveles necesarios de inversión para afianzar el dinamismo y atajar el paro. Unos niveles razonables de impuestos permiten incentivar el trabajo y animan la creación de empresas. Un mercado laboral flexible propicia otras libertades básicas -libertad en los horarios o en los colegios profesionales- que conforman el ADN de las economías de éxito. La fortaleza del capital humano garantiza una productividad creciente, además de favorecer la innovación y el desarrollo, el famoso I+D. La libre competencia, unida a la austeridad, modera el riesgo de inflación, necesaria por otro lado para sostener el ánimo monetario. Un Estado del bienestar sólido, en fin, actúa como una indispensable red de protección frente a los peligros evidentes de fractura social, cuyas consecuencias resultan siempre nefastas. Con matices, el modelo europeo de desarrollo se ha basado en estos pocos principios, con pequeños sesgos en cada país: más orientado hacia las empresas familiares en Alemania, más estatal en Escandinavia y más individualista en los países anglosajones, por citar unos cuantos ejemplos. Pero el fundamento último del crecimiento es común a todos ellos: libertad empresarial, seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria. Cuando falta alguna de estas tres pilastras, las cuentas de la prosperidad se desinflan rápidamente. La riqueza de las naciones se halla siempre muy cerca de una fragilidad mucho mayor de lo que pensamos. La fragilidad es el New Normal.
El conflicto que vive España estas semanas podría ser paradigmático de la estrecha línea que separa el éxito del fracaso. Tras una crisis económica brutal, que ha derribado las certezas de buena parte de la ciudadanía, la lenta recuperación iniciada en 2015, gracias al incremento en productividad laboral y la ayuda financiera del BCE, se ha acelerado en estos dos últimos años, impulsada por el sector exportador, la creación de empleo -y su consecuencia lógica, el consumo interno-, además de la incipiente recuperación en el sector inmobiliario. Un país, digamos, en franca mejoría que ahora mismo se enfrenta al mayor shock político desde la restauración de la democracia. Y que, lógicamente -incluso en el mejor de los casos-, va a sufrir una innegable ralentización económica, cuando no una crisis más severa.
No cabe duda de que la economía española no es ni puede ser inmune a la crisis política catalana. La confrontación ha provocado un éxodo masivo de empresas (aproximadamente el equivalente a un tercio del PIB de la comunidad) y un freno muy considerable tanto en el consumo como en las decisiones de inversión. Más allá de lo que indican las estadísticas, algunas anécdotas concretas pueden servir para ilustrar este parón. Son casos que conozco de primera mano o de fuentes muy directas. El primer ejemplo nos habla de una caída muy notable en la venta de libros de ensayo en todo el territorio catalán, de una magnitud similar a lo que sucedió durante los peores meses del crack de 2008-2011. El segundo me llega de un alto responsable en una multinacional europea, cuya matriz ha decidido paralizar las inversiones mientras meditan si trasladar parte de la producción a otras fábricas del grupo fuera de España. El tercero concierne a un importante despacho de arquitectos barceloneses que han comprobado cómo se paralizaban todos los proyectos nuevos que tenían programados. Un escenario difícil que se irá complicando a medida que se enquiste una situación que carece de precedentes en nuestra democracia.
Pensar que, sin leyes ni seguridad jurídica, una sociedad puede prosperar equivale a mentirse a uno mismo. Sería suicida permitirlo y aún más cuando apenas hemos logrado superar la crisis anterior (de hecho, en términos de empleo no se ha conseguido). Una Cataluña empobrecida equivale a una España más pobre también, encerrada en sí misma, sin el punch ni el atractivo necesario para seguir siendo una meca de la inversión internacional. No somos conscientes de lo que está en juego: el buen funcionamiento de las leyes, la seguridad jurídica, la convivencia social, la apertura internacional, el empleo y el bienestar público...
