El proceso soberanista, que se encuentra en su punto álgido, se ha basado en dos prácticas heterodoxas, sin las cuales hubiera sido imposible poner en jaque a las instituciones, lograr el enfrentamiento no sólo con el Estado español sino con toda la Unión Europea, que ve atónita cómo una de las regiones más desarrolladas y cultas de Europa se ha puesto el mundo por montera y se ha lanzado a una aventura prerrevolucionaria, en la que se ha exhibido la peor característica de las dictaduras: el desprecio más absoluto a las minorías.
La primera de esas prácticas, difícil de entender, ha sido la alianza espuria entre partidos democráticos a la usanza occidental, es decir, teóricamente propensos a instalar un régimen parlamentario con división de poderes, aliados con Occidente, con los derechos humanos claramente constitucionalizados, y la CUP, que es una formación antisistema y asamblearia, opuesta al modelo demoliberal, partidaria de la estatalización y de la planificación de la economía, contraria a la Unión Europea y a sus planteamientos ideológicos, partidaria de abandonar el euro y de salir de la OTAN.
Estas dos categorías de organizaciones políticas, incompatibles entre sí, que no podrían obviamente gobernar en coalición, han sumado sin embargo sus fuerzas con un fervor incomprensible para conseguir la independencia, aunque con objetivos claramente distintos y notoriamente irreconciliables. Parece evidente que se puede reprochar a las organizaciones integradas en Junts pel Sí haber supeditado los medios a los fines, algo claramente inmoral en política. Asimismo, el proceso se ha enturbiado de forma irreparable al haber aplicado la CUP sus procedimientos de presión, más dados a la algarabía y al grito que al debate y a la negociación.
La segunda práctica inaceptable ha sido la transferencia informal de soberanía política desde el parlamento y el gobierno a las organizaciones sociales independentistas, la Asamblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural. La democracia parlamentaria es felizmente inorgánica, al contrario de las formas corporativistas de corte fascista como el franquismo, que consideran que el poder debe depositarse sobre un partido único arropado por instituciones sociales e intermedias que forman un tejido complejo. Nuestros regímenes sí son complejos, pero el instrumento de acción que forma un continuum que influye constantemente sobre las instituciones es nada menos que la opinión pública. De ahí que la libertad de expresión tenga precedencia sobre las demás libertades civiles, como bien ha anotado en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional español. Ni la ANC ni ÒC tienen representatividad política alguna, por relevante que sea su papel social, y en todo caso es inaceptable que estas instituciones intermedias, que persiguen un objetivo político claro -la catalanización del territorio y su posterior independencia-, sean admitidas como interlocutores permanentes por el poder político, lo que les otorga una representatividad política y moral que no poseen. ÒC fue creada en 1961, cuando no había partidos ni democracia, pero su activismo fuera del sistema representativo ya n tiene razón de ser. Y la ANC fue creada en 2012 para respaldar desde la calle la tentativa separatista.
Hay en todo ello un afán manifiesto de sustituir la democracia formal, la que practican las grandes democracias occidentales, por otras formas asamblearias, chavistas. Y prueba de ello es la descabellada y peregrina idea de la Generalitat de crear una comisión especial sobre violación de los derechos fundamentales en Cataluña, encargada de "documentar, determinar y difundir las violaciones€. Como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado". A los jueces, por ejemplo. No hace falta decir que el Estado tiene su propia autorregulación, por lo que no caben en nuestros sistemas mecanismos "populares" de esta clase.
Esta deriva antidemocrática tiene que cesar de un modo u otro. Y es precisa la movilización de la ciudadanía para lograrlo. Todos hemos aprendido mucho de estos últimos meses, y las próximas elecciones autonómicas, que podrían ser en enero si se aplica finalmente el artículo 155, deben servir para recuperar el parlamentarismo en el seno de una Cataluña liberada de estas férulas opacas que a punto han estado de arrojarla por el precipicio.
