El estropicio catalán ahora sí que ha adquirido la fuerza necesaria para quebrar el modelo constitucional español. El resultado está por conocerse, porque el desenlace podría ser una vuelta a la España centralizada y conservadora por la que siempre han pugnado importantes sectores económicos y políticos, asentados preferentemente en el PP y aledaños, pero también algunos acampados en las cercanías del PSOE, provistos del necesario mando en plaza para obligar a la dirección socialista a efectuar extrañas piruetas. El de la vuelta al conservadurismo reaccionario, el que se impuso tanto en la Restauración canovista, la denominada primera Restauración, para distinguirla de la segunda, la de 1978, como en la República, después del fracaso de la intentona de Lluís Companys, puede ser el desenlace. Otro es factible, incluso posible y hasta probable: el de que se entre en un proceso de hecho constituyente que nos lleve a una reestructuración profunda del Estado, hasta el punto de que Cataluña obtenga una situación similar a la del País Vasco, en la práctica esencialmente confederal, que eso es lo que hay en el norte del Estado sin que haya sido necesario rasgarse las vestiduras y proferir las clásicas jeremiadas sobre la desintegración de las Españas.
Lo que tenemos es una imparable crisis de Estado, que ha saltado por encima de los diques de contención torpemente construidos. Los secesionistas catalanes anhelan ofrecerse en holocausto, provocar la intervención de las instituciones del Principado, para, a cambio, obtener el imbatible relato (desde el uno de octubre es suyo) de que, otra vez, España humilla a Cataluña, la doblega en contra de la voluntad de sus ciudadanos expresada democráticamente en las urnas. Es una falacia, por supuesto, pero no neguemos que de gran efectividad, casi imposible de ser rebatida; ocurre que en el otro lado actúa una infinita torpeza, una ausencia de discurso clamorosa y, por encima de todo, la permanente inacción, que lleva arrastrándose más de un lustro teniendo de gran protagonista a Mariano Rajoy, que, con irresponsabilidad que deberá ser juzgada políticamente cuanto antes, primero atizó el problema con el propósito de obtener réditos electorales, después lo ha dejado pudrir a conciencia para, en esos momentos, cuando las cosas están más allá de la componenda, exigir a la Corona, al poder judicial, al económico y actores políticos, que se lo resuelvan, al menos que compartan la carga de hacerlo. Sin restar una molécula de irresponsabilidad a los insensatos dirigentes catalanes, que otra vez han sucumbido a la ensoñación de la imposible independencia o la han venteado con el propósito de asegurarse determinadas rentabilidades, hay que poner el foco en quien ostenta la presidencia del Gobierno de España: es Mariano Rajoy, en función del cargo que desempeña, el que ha de pechar con la primera y fundamental responsabilidad por el inmenso destrozo causado a las instituciones españolas, por haber permitido que se generen enfrentamientos que se extienden fuera de Cataluña (observemos lo que acontece en Mallorca y Valencia), por haber sido incapaz de hacer política cuando era obligado llevarla a cabo y, también, por permitir e incluso alentar desde su partido que adquiera carta de naturaleza un nacionalismo español no exento de agresividad. El presidente no es el único responsable de ello, pero sí el principal por el cargo que ocupa, reiterémoslo.
Se lo dijo José María Aznar; tomemos sus palabras a beneficio de inventario: actúe, señor Rajoy, hágalo sin llevárselo todo por delante, y, de no ser capaz, que es lo más probable, convoque elecciones generales y váyase. A lo que se ve no lo hará: su estultícia le impide incluso aprobar lo que tenía a la mano, los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Damnificados por el desastre catalán, por la impericia de Rajoy Brey.
