El uno de octubre el gobierno catalán cruzó el Rubicón, plenamente consciente de entrar de forma estrepitosa en una ilegalidad más, de la que no podría dar marcha atrás. El tres por la noche, a las nueve en punto, el rey Felipe VI, el Jefe del Estado español, instaba a restaurar el orden constitucional y acabar con la deslealtad de la Generalitat catalana.
No dio cabida en su intervención a las palabras diálogo y negociación; y cruzó también él, no el Rubicón, pues encarna la legalidad, pero sí la frontera que separa la cobardía, la ineptitud y la ceguera del compromiso con el Estado de derecho, las libertades públicas y la defensa de los derechos ciudadanos atropellados en Cataluña. Lo hizo a sabiendas de que se estaba jugando la corona. Y, ante la inacción de un gobierno inepto, escondido tras los jueces, sobrepasado por las circunstancias, dirigido por un fanático del procrastinar que, en medio de la zozobra que estamos viviendo, tuvo el domingo los santos bemoles de anunciar su comparecencia en el Congreso ¡la próxima semana!
Nadie con un mínimo de sensibilidad puede sustraerse al malestar que provocan intervenciones como las policiales del domingo. Pero no se pueden confundir los efectos indeseados de una torpe actuación de los mandos policiales, directamente provocada por la traición del cuerpo de los Mossos de Escuadra, cuya deserción en la toma de medidas preventivas de cierre de los colegios, vulnerando los mandatos judiciales, dio paso a las medidas coactivas de Policía Nacional y Guardia Civil intentando cumplirlas en una minoría de locales de votación, con el hecho mollar de que se estaba participando en un acto ilegal contra la Constitución, de graves consecuencias, del que todo el mundo estaba apercibido. Fue Puigdemont quien alentó a la participación en la ilegalidad asegurando que se podría votar como siempre. Los responsables de los incidentes no fueron ni Rajoy, ni Santamaría, ineptos, aunque no dispusieran de plan B por confiar ingenuamente en la lealtad de los Mossos, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, los responsables fueron los que dirigen la Generalitat catalana, convocando un referéndum ilegal y preparando la trampa publicitaria que ha dado la vuelta al mundo, incluyendo numerosas imágenes falsas, en la cayeron como pardillos los responsables del gobierno español.
El PSOE se muestra sumido en su incapacidad para asumir posiciones claras, en un intento de equilibrio de funámbulo para no perder votos por la derecha hacia Ciudadanos ni por la izquierda a Podemos, sin que se vislumbre en ningún caso un firme compromiso con una hoja de ruta política. Iceta reclamaba consulta pactada, ahora ya no se sabe qué reclama. Armengol condena las cargas policiales y minimiza la trascendencia del golpe de Estado en Cataluña. La independiente portavoz del PSOE, Margarita Robles, pide reprobación para Santamaría por las cargas, a la que se ha sumado entusiásticamente Podemos, pidiendo más, la moción de censura contra Rajoy. No parecen conscientes de que vivimos una crisis de Estado causada por el independentismo catalán y que no hay más prioridad en este momento que atajarla; y que Podemos pretende transformar la insurrección de los nacionalistas catalanes en una revolución, no para reformar el Estado, sino para destruirlo. Pide el PSOE diálogo cuando es evidente que no puede haber diálogo con golpistas, sólo puede existir entre demócratas. Y han quedado absolutamente descolocados ante el discurso del rey. Sin cuerda para continuar con sus devaneos del sí pero no.
? Estamos aquí por la cobardía y la ineptitud de Rajoy. Si, cuando el 9 de junio el gobierno catalán adoptó el acuerdo de convocar el referéndum del uno de octubre, una ilegalidad manifiesta, se hubiera aplicado el famoso artículo 155 de la Constitución, posiblemente hubiera habido algunas importantes movilizaciones, pero nos hubiéramos ahorrado la vergüenza y el pasmo de las sesiones parlamentarias del 6 y el 7 de setiembre, con sus leyes del Referéndum y de Transitoriedad, la celebración de la consulta y la repercusión mundial de la intervención policial. Todo es responsabilidad de un Rajoy que había prometido que no habría ni referéndum ni consulta ilegal como el 9-N. Bueno, no todo. Es impensable que no pueda haber intervenido ese Hamlet desnudo de grandeza llamado Sánchez. Es muy posible que Rajoy, en base a su situación precaria, haya condicionado su actuación al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos, siendo el PSOE el más reacio a la utilización del 155. Pero esto no excusa las contradicciones del PP (en julio se necesitaban dos meses para implementar el 155 y, por tanto, no se podía aplicar; ahora se necesitan sólo seis días para su aplicación) que revelan la falta de criterio y de decisión; el PSOE no está en el gobierno. La aplicación tardía del 155 parece inevitable, pero es incomprensible que Ciudadanos lo exija exclusivamente para que se convoquen elecciones autonómicas en Cataluña. Discrepo. No puede haber elecciones en un clima de guerracivilismo, odio y señalamiento público a los que no se identifican con el movimiento secesionista. Lo urgente y responsabilidad de los partidos constitucionalistas y del gobierno del Estado es desmontar la deslealtad institucional, llevar a los responsables del golpe de Estado ante los tribunales y asegurar el imperio de la ley. Después, responsabilidades, reforma constitucional y proyecto para España.
