Permítanme enunciar una parábola elemental que iluminará lo que quiero decir: cuando en los Estados Unidos un sujeto comete un asesinato masivo con armas de su propiedad -ayer mismo hubo un suceso tremendo de esta índole en Las Vegas—, la justicia norteamericana lo detiene, lo juzga y le encarcela para que cumpla la sentencia correspondiente. A nadie se le ocurriría señalar como corresponsable al gobernador de su estado o al presidente de los Estados Unidos. Y, sin embargo, existe una responsabilidad difusa de la sociedad americana y de sus líderes por no haber emprendido desde hace tempo una campaña en favor de la limitación de las armas de fuego en manos de particulares. Como se sabe, uno de los más inquietantes anacronismos de la bisecular Constitución americana es la Segunda Enmienda, que permite a todos los ciudadanos poseer y portar armas.
Pues bien: la responsabilidad última y principal de todo lo ocurrido en Cataluña el pasado domingo corresponde a sus promotores e inductores, al irresponsable gobierno de la Generalitat con Puidgdemont al frente, a la indecente alianza del nacionalismo llamado democrático con la CUP, a unos parlamentarios sectarios que los días 6 y 7 de septiembre sacaron adelante unas normas ilegales y sin contraste democrático posible que permitieron llegar hasta el estallido final.
Pero todo esto no significa que no exista también una responsabilidad difusa y antigua, la de todos los responsables políticos del Estado y de Cataluña que, a lo largo de sucesivas legislaturas, no fueron capaces de ir retirando las metafóricas armas de las calles, de advertir un progresivo encendimiento de los catalanes que podría fecharse en los primeros años 2000, mientras Aznar gobernaba este país con mano de hierro y mayoría absoluta en tanto Pujol se abocaba a su retiro en 2003. Y al final de esta lista, está el mandato de cinco años de Mariano Rajoy en la presidencia d Gobierno de España, durante el cual el enconamiento ha crecido hasta los límites inauditos actuales.
Por razones de profilaxis pública, carece de sentido a los efectos del análisis político el detenerse a enumerar lo que se pudo hacer y no se hizo, pero no hay más remedio que constatar que en algo debimos equivocarnos puesto que ha habido que llegar a las manos, y nada metafóricamente en esta ocasión. Es simplificador el método de medir las acciones de poder por los resultados, pero no es posible prescindir de ellos. Y en este caso, se equivoca Rajoy completamente cuando alardea de que, como había predicho, no ha habido verdadero referéndum. La ristra de heridos y, sobre todo, el impacto emocional que todos hemos sufrido, en Cataluña y en el resto de España, y ante toda la comunidad internacional, sólo pueden compendiarse en un concepto irrevocable: fracaso garrafal. El hecho de que Rajoy haya tenido que hacer "lo que no quería hacer" no tiene otro nombre. Y además, el propio presidente del Gobierno ha demostrado las consecuencias a largo plazo de "una clara falta de empatía en su forma de tratar a Cataluña", como ha detectado el hispanista John Elliot en una deslumbrante carta al director de "The Times".
Pero la renuncia a mirar al pasado no priva a este cronista de su derecho a reclamar condiciones para el futuro. Y en este sentido, me adhiero claramente a la conminación de Miquel Iceta el día de autos, cuando pidió a Puigdemont y a Rajoy que si no son capaces de sentarse a hablar, a negociar y a resolver el contencioso, den un paso al lado y cedan a otros la oportunidad de hacer tal cosa. Quienes hemos defendido hasta la extenuación el imperio de la ley y no tenemos más remedio que cargar por tanto con nuestra cuota parte de la responsabilidad moral por la violencia derrochada no estamos dispuestos a consentir un adarme más de incompetencia, ni vamos a tolerar más encastillamientos e incomunicaciones que aboquen a ahondar más el drama que ya tenemos abierto y al que hay que aplicar todos los lenitivos imaginables.
