Ayer, 1-O, los partidarios del referéndum en favor de la independencia (Junts pel Si, Esquerra Republicana y la CUP) ganaron la batalla política en Catalunya, ampliando muy probablemente su base con ciudadanos y ciudadanas no necesariamente soberanistas: con partidarios del "derecho a decidir", y parte de una ciudadanía indignada por la actuación innecesaria y desproporcionada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Sus dirigentes y promotores han sabido diseñar un relato ilusionante que,aunque pueda estar repleto de falacias y medias verdades, es capaz de unir sensibilidades políticas diversas en la conquista de un proyecto común; una nueva Itaca, la Republica de Cataluña. Sus estrategas, con Romeva al frente, son conscientes de que (al menos inicialmente) les resultará muy dificultoso conseguir el placet de los gobiernos de la UE, entre otras razones por el miedo al contagio en caso de reconocer la república de Cataluña. Pero como contrapunto, también están ganando la batalla de los principales medios de comunicación, de la opinión pública, especialmente la europea. Una lectura rápida a tales medios hoy permite constatar la relevancia, inquietud y preocupación, por el empleo desmesurado de la violencia por parte de las fuerzas del orden.
Las llamadas fuerzas unionistas, los partidos constitucionalistas, lideradas por Rajoy (y Rivera), nunca hicieron el mínimo esfuerzo para comprender las dinámicas internas de la sociedad catalana. Creyeron que las multitudinarias concentraciones de los 11-M eran simples azucarillos que se disolverían con el transcurso del tiempo, y no fue así. Contratacaron (y lo siguen haciendo) con el imperio de la ley y la legalidad construyendo un relato rancio, transfiriendo sus labores a jueces y fiscales. El Constitucional declaró ilegal todo el Procés, más concretamente el referendum y la ley de Transitoriedad. Pero no supieron construir un relato de interés, que sólo ha captado a las fuerzas más reaccionarias. Y para más inri han cometido el error de defender el uso de la fuerza física brutal y desproporcionada en su intento de evitar el referéndum. Ayer el gobierno presidido por Rajoy ha perdido la batalla, hubo una participación y votación significativa de la ciudadanía, aunque no tenga valor refrendario. Y los populares pueden quedarse, acompañados por C´s, más solos que la una. Es probable el abandono de los socialistas (condenan la violencia y piden diálogo) del llamado frente constitucionalista, y de los nacionalistas vascos ("primos hermanos" de la antigua Convergència) que necesitan para aprobar sus presupuestos.
Pero desde hoy habrá que hacer frente a la "caliente" realidad política catalana dominante. Podría ocurrir que la CUP y ER, incluidos algunos defensores del "derecho a decidir" así como otros indignados y cabreados, vista la batalla campal de ayer, opten por la declaración unilateral de independencia. Tal decisión puede importunar al PDeCAT, que probablemente preferirían seguir movilizando a la ciudadanía a través de ANC y Òmnium, e incluso convocar (forzado) unas nuevas elecciones. Mañana, 48 horas después del fallido referéndum, puede ser el día decisivo para convocar al Parlament, declarar la independencia y poner en vigencia la ley de Transitoriedad. Si así fuera, Rajoy no podrá permanecer tendido en su sofá esperando que escampe el mal tiempo. A no ser que se le ocurra aplicar como solución final el artículo155, anulando la autonomía catalana.
Lo urgente debería ser, como mínimo, abrir un dialogo entre las partes. De momento ni unos ni otros quieren bajar de su burro. Europa, no oficialmente, podría "empujar" a Rajoy. El PNV también podría jugar su baza forzando una mesa de dialogo. Los nacionalistas vascos están cómodos con su status, una ruptura unilateral de Cataluña no les interesa porque daría alas a Bildu para seguir un camino similar. Y a sectores influyentes del PDeCAT no les interesa una ruptura capitalizada por ER y la CPU. Hoy por hoy es imposible la dimisión de Rajoy, y tampoco es viable una moción de censura con garantías de éxito.
Visto lo visto, resulta evidente que se ha cerrado un ciclo del quehacer político no sólo en Catalunya, sino también en el conjunto de España. Aunque no sea cierta la aseveración (liderada por Podemos, la CUP, Bildu?) de que la Transición del 78 fuera una estafa democrática, si es cierto que pueden estar ser caducas determinadas leyes y prácticas que demandan una revisión profunda (vgr.nuestro vigente régimen autonómico) que puede exigir una reforma constitucional. Hoy por hoy, tal tarea resulta muy difícil dada la cerrazón de los Populares y sus aliados.
¡Difícil me lo porfiáis!
