Editorial

Un convenio que marca el camino

01.10.2017 | 01:45

Con la entrada de España en el euro, nuestro país tuvo que asumir que las soluciones a los shocks financieros requerían políticas muy distintas a las del pasado. A lo largo de estas últimas décadas, las crisis económicas se superaban, además de con dramáticos ajustes en el empleo, con una fuerte devaluación de la moneda que permitía un rápido incremento en la productividad e inevitables brotes inflacionarios. Una peseta más frágil implicaba exportar más, importar menos y aumentar la inversión extranjera. El turismo actuaba como una poderosa palanca de recuperación, favorecido por unos precios atractivos debido al valor de la moneda nacional. Pero, con la incorporación de España a la moneda común –y además con la férrea disciplina de la ortodoxia alemana–, la batería de las devaluaciones competitivas pasó al olvido y se empezó a hablar de la necesidad de llevar a cabo una reducción interna de costes, básicamente por medio de un ajuste de los gastos y de reformas liberalizadoras. Ha sido esta la receta aplicada por el gobierno de Rajoy, con notables costes sociales y posteriores repuntes en la productividad, las exportaciones, los beneficios empresariales y, finalmente, en la creación de empleo. Pero la lógica que subyace a esta política económica es un pacto razonable entre los distintos agentes sociales que, a grandes rasgos, dice lo siguiente: si los años críticos se afrontan con sacrificios conjuntos, la contrapartida natural pasa porque la reactivación haga posible un reparto generoso de las rentas salariales. En gran medida, la prosperidad de los países del norte de Europa se ha fundado en este gran pacto social, que incluye además un potente Estado del bienestar y una excelente formación profesional.

En Mallorca, después de tres años consecutivos batiendo récords turísticos y con los beneficios empresariales del sector de la hostelería en máximos históricos, parecía en efecto llegado el momento de alcanzar un acuerdo general entre la patronal y los sindicatos que reflejara la salida de la crisis. El nuevo convenio laboral, cuyo principio de acuerdo se ha firmado esta semana, supone una importante subida salarial –de hasta un 17% en los próximos cuatro años– para cerca de 130.000 trabajadores de nuestras islas, además de otras concesiones adicionales como la imprescindible regulación de las cargas de trabajo del personal o un incremento de las plantillas. La negociación entre las dos partes se ha llevado adelante de forma inteligente y discreta –hay que destacar la labor de la presidenta saliente de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, que ha sabido manejar bien las presiones internas en el seno de la patronal–, demostrando que, más allá de las legítimas diferencias y de los intereses contrapuestos, una sociedad civil adulta es capaz de encontrar puntos de equilibrio favorables para todos.

Los efectos de la firma de este nuevo convenio laboral de la hostelería son numerosos y positivos. Por un lado, ayuda a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y a una mejora en las condiciones de trabajo. Por otro, garantiza durante estos próximos años la imprescindible paz social en el sector, lo cual –además de beneficiar la marca de calidad turística de Mallorca– permite a los empresarios afrontar con tranquilidad las inversiones necesarias para seguir mejorando la competitividad de nuestra oferta. Otro efecto positivo del incremento salarial es la reactivación del consumo interno, muy afectado por la austeridad impuesta durante la crisis. Finalmente, no debemos obviar que este nuevo convenio marca un camino a seguir para el resto de la sociedad insular de cara al futuro inmediato. Una sociedad adulta se define por el manejo inteligente de sus conflictos internos. La patronal hotelera y los sindicatos nos han dado un buen ejemplo de ello.

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