Editorial

Servir a los ciudadanos

24.09.2017 | 02:45

El debate político tiene a menudo algo de ficticio y artificial y, desde luego, en un buen número de ocasiones responde a una evidente teatralización que poco tiene que ver con la gestión pública. Los graves momentos que vive nuestro país, y que conciernen directamente a la soberanía nacional y a las libertades democráticas que se otorgaron los españoles en 1978, han sido aprovechados por algún partido para llevar al Parlament balear un debate de evidente actualidad, pero tangencial a la problemática cotidiana de los ciudadanos baleares. Por supuesto, debemos subrayar que todos los posicionamientos partidistas son legítimos, mientras se ajusten a las reglas de juego y a los procedimientos definidos por el derecho, y es nuestro deber irrenunciable defender esta libertad fundamental inherente al uso democrático. Pero también es obvio que no todas las controversias políticas se ajustan con idéntica precisión a las demandas reales de la ciudadanía. Si en el momento presente resulta importante constatar esta distinción elemental, es justamente porque nuestra responsabilidad histórica en defensa de la democracia así lo exige para evitar las confusiones propias de la posverdad tan característica de nuestros días. Hay debates que obedecen a la realidad social y otros en cambio que pecan de baldíos, ya que carecen de un recorrido concreto y palpable. Este parece ser el caso de la disputa que se ha vivido hace unos días en el Parlament sobre las medidas que el gobierno central ha adoptado en relación con Cataluña y que sólo ha servido para evidenciar la magnitud del foso ideológico que separa a los diferentes partidos. Asimismo, han causado sorpresa las declaraciones de la presidenta Francina Armengol al afirmar que, "con la detención de servidores públicos se ha cruzado una línea roja que conduce a una mayor ruptura social en Cataluña", ya que, en su enunciado literal, resultan disonantes con la línea oficial que ha adoptado su partido –el PSOE– de apoyo a las actuaciones del Estado de derecho. Poco realistas resultan también las propuestas de partidos políticos como Més de trabajar por una futura Mallorca independiente de España.

Más allá de cómo evolucione en los próximos días el conflicto generado en Cataluña, conviene no perder de vista el foco principal que obliga a nuestros representantes públicos –atender las necesidades de los ciudadanos–, en lugar de enredarnos en debates estériles. El listado de cuestiones pendientes de resolver en nuestra comunidad es largo y la mayoría de ellas revisten una especial complejidad. Pensemos, por ejemplo, en la tasa de fracaso escolar que nos sitúa a la cola de la Unión Europea o en la peligrosa atomización social que se ha abierto paso con la crisis económica. Pensemos en las dificultades de acceso a la vivienda o en la necesidad de racionalizar –a fin de que sean más efectivas– nuestras políticas de bienestar. La reivindicación de un Régimen Fiscal Especial para Balears –tras la firma de un amplio acuerdo por parte de la sociedad civil– supone una propuesta razonable de futuro que no podemos dejar de lado. Lógicamente, un incremento en la financiación y una reducción de los sobrecostes asociados a la insularidad incidirían de forma positiva en nuestra economía. Sin embargo, no debemos llamarnos a engaño: una Mallorca mejor pasa por conseguir unas políticas públicas mejor dotadas –es cierto–, pero también mejor gestionadas.

Una de las grandezas de la democracia parlamentaria consiste en su capacidad de ir depurando gradualmente sus imperfecciones. Es lógico y saludable que así sea. Y además lo constata la experiencia histórica. Desde 1978 nuestro país ha recuperado libertades, ha modernizado sus estructuras y ha europeizado sus valores. Debemos seguir haciéndolo. El desarrollo del Estado de las Autonomías –con su pesado fardo de errores, pero también con todo sus aciertos– ha supuesto uno de esos éxitos palpables de la democracia española. Optimizar su funcionamiento a partir de la experiencia acumulada constituye un importante reto para los próximos años. No asumirlo sería una irresponsabilidad.

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