Pedro Sánchez acudió el pasado domingo a la fiesta de la Rosa que celebra anualmente el PSC en Gavà, un encuentro habitualmente festivo que esta vez se ha convertido sin embargo en un acto político de calado, ya casi en vísperas de la fecha señalada para la ruptura por los soberanistas. Como es natural, el líder del PSOE, que está actualmente en perfecta sintonía con su homólogo catalán encabezado por Iceta -un personaje que ha crecido políticamente con las últimas crisis-, ha aprovechado su viaje a tierras catalanas para respaldar a los alcaldes del PSC que no van a secundar la farsa plebiscitaria del 1-O y que están siendo vilipendiados por ello por los nacionalistas, ignorantes quizá de que los escraches contra quien piensa diferente son puro fascismo, impropio de una mentalidad democrática e inaceptable en un estado de derecho.
Como es lógico, Sánchez ha incidido en la situación actual con un doble mensaje que es la sustancia de la posición del socialismo en este conflicto: por una parte, ha reiterado su apoyo al sistema: "estamos al lado del Estado de derecho y de quien lo lidera para responder con proporcionalidad y respeto a la ley. Por otra parte, ha insistido en que el conflicto sólo se resolverá con diálogo, y anunció que seguirá apoyando al PP si abre ese camino antes o después del referéndum. Ese doble vector está evidentemente cargado de matices. Sánchez sostuvo una vez más su conocida receta: "Diálogo, reforma de la Constitución y más autonomía para Cataluña". Y no dejó de criticar abiertamente las políticas anteriores del PP, que a su juicio han tenido mucho que ver en la deriva actual del Principado: "Fue un error que Rajoy intentara alcanzar la Moncloa a base de enfrentar territorios con la sentencia del Estatut, pero ese error nunca puede justificar la deriva de la legalidad".
El margen de movimiento del principal partido de la oposición, que además es una de las dos organizaciones que han sostenido el régimen de 78, es escaso, pero no es difícil advertir que el PSOE y su fraterno aliado el PSC proponen una salida que a estas alturas ya es el único puente político constitucional y democrático que vinculará a Cataluña con España después del 1-O. A menos, claro está, que alguien tenga la ocurrencia de pretender que existe una solución democrática al problema distinta de la que ofrecen el diálogo y las reformas.
Cuando Sánchez ofreció Rajoy, y este aceptó, la creación de una comisión parlamentaria para debatir la cuestión territorial en que pudiera residenciarse el problema catalán, más de uno tildó de pueril la propuesta. Y sin embargo, esta posibilidad es hoy la única luz en el horizonte constitucional, cuando haya que desbloquear la cuestión catalana después de las previsibles elecciones autonómicas ulteriores al 1-O, que Junqueras pretende secretamente ganar (si no es inhabilitado) para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat.
Es claro que los sectores más soberanistas de Cataluña no querrán el 2-O ni oír hablar de un arreglo pactado con "España", pero en el estadio actual de desarrollo político y socioeconómico español es muy probable que el nacionalismo moderado, que parece haberse eclipsado (arrollado por el independentismo rampante compartido con la CUP) sí se avenga a razones y acepte una solución transaccional basada en los elementos conocidos: más autonomía cultural y educativa, un sistema de financiación más justo y equilibrado, corresponsabilidad fiscal, criterios federales de organización del Estado? Todo ello debería encajarse en una doble reforma de la Constitución y del estatut de autonomía, tras una negociación multilateral que se parecería mucho a un nuevo proceso constituyente, comprometido con los elementos centrales de la carta magna de 1978 pero con innovaciones que estabilizaran el modelo territorial y eliminaran los anacronismos suscitados en los casi 40 años de vida del sistema más fecundo de que ha disfrutado este país en toda su historia.
