El Estado no ha querido/podido parar el Procés, que se ha desarrollado a la vista de todo el mundo. La aplicación del artículo 155 se consideraba demasiado agresiva y el Gobierno ha preferido gestionar la respuesta al reto a través del Tribunal Constitucional, al que previamente se dotó de poderes ejecutivos que, como está bien a la vista, es claramente reacio a utilizar.
Sn embargo, ahora se pide a los alcaldes que sean unos héroes, que en pleno fragor del independentismo exacerbado se planten a las puertas de sus casas consistoriales para impedir que se instalan en ellas las urnas, contraviniendo no sólo la orden de la Generalitat sino también la tromba demagógica que les presiona sin contemplaciones. Puigdemont, este gran demócrata, ha llamado a los soberanistas a encararse con los alcaldes reacios a seguirles la corriente, lo que constituye un acto de clara violencia incluso física. Lo que se pide es un escrache, sencillamente
Si se quería abortar el referéndum del 1-O, había que haber actuado antes, que haber frenado los preparativos cuando todavía el asunto estaba en manos de los políticos de primera fila. Pretender ahora que el último escalón del sistema representativo sea el que saque las castañas del fuego al Gobierno de la nación es de una desfachatez intolerable.
