Ayer, en un ambiente crispado de secretismo, desconfianza y miradas torvas, tuvo lugar el laborioso arranque del tramo final y definitivo del proceso soberanista, ya en la senda de la explícita ruptura sin contemplaciones de la legalidad. Se había buscado para la tramitación de la ley del referéndum una vía alambicada (la del artículo 81.3 del reglamento de la cámara) que obviaba la tramitación exprés ya declarada inconstitucional, y la Mesa del Parlament fue convocada a primera hora para lanzar el trámite, que incluía un plazo de dos horas para las enmiendas de la oposición, tras cuya aprobación el Gobierno en pleno firmaría -para prorratear responsabilidades- el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O. Las protestas de la oposición dificultaron el arranque pero la apisonadora se impuso. En cualquier caso, a primerísima hora de la mañana ya se había concentrado a las puertas del Parlament una ruidosa representación de la CUP encargada de recordar a todos que el tremendismo procesal y el propio independentismo radical le pertenecen.
Con este atropellado desarrollo, que supuestamente no iba a dar tiempo al Constitucional de invalidar la ley del Referéndum antes de la convocatoria, debían creer los seguidores de Puigdemont que la rueda lanzada hacia el 1-O era ya imposible de detener. Sin embargo, tras la admisión a trámite de la ley imposible por la Mesa, el Gobierno ordenaba a la abogacía del Estado la interposición de un incidente de ejecución de sentencia, que no requiere nuevo recurso ante el TC, que ya se ha pronunciado genéricamente contra los preparativos del referéndum; con ello se pretendía impedir el debate. Se entiende sin embargo que la ruptura consciente de la legalidad por parte de los enloquecidos soberanistas da por inexistentes todas las decisiones judiciales, las inhabilitaciones, las proscripciones, etc., de forma que ya nada podría impedir la salida a la calle de las urnas ni la votación de los adeptos, y con ello, la clara ventaja del "Sí" sobre el "No" (es fácil imaginar que los que se arriesgarán a sortear la carrera de obstáculos son conspicuos separatistas) dará pie a justificar la declaración unilateral de independencia del día después. Pero este proyecto no contaba con la potencia del Estado, decidido a que las leyes se cumplan y con todo el poder necesario para conseguirlo, y que según todos los indicios va a cercenar el proceso.
El Tribunal de Cuentas ya daba la campanada el martes: once implicados en el 9N han sido requeridos a depositar una fuerte fianza en concepto de responsabilidad contable por los gastos derivados de aquel simulacro. Al frente de los requeridos están Artur Mas y los tres consejeros -Homs, Rigau y Ortega- ya inhabilitados, pero a continuación la lista incluye a siete altos cargos, tres de los cuales son funcionarios de carrera (Bertran, Genovés y Valls). Josefina Valls -casualidades de la vida- es además la esposa de exconsejero Jordi Baiget, que dejó el gobierno para no arriesgar el patrimonio personal; la cautela del matrimonio no fue completa.
Y ayer empezó también la rebelión de los funcionarios y de las instituciones: PSOE y Ciudadanos recalcaban el apoyo al Gobierno, encargado de custodiar la legalidad; las asociaciones de jueces afirmaron al unísono que no aplicarían leyes inconstitucionales; el secretario general de la Cámara se negó a publicar el disparatado proyecto de ley en el boletín del Parlament; los letrados de la institución alertaron a Forcadell de que estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional, y en el entorno de los Mossos d'Esquadra ya circula la tesis atinada de que su obligación es actuar como policía judicial? Además, en las esferas privadas, la Generalitat no encuentra proveedores de carteles, soportes mediáticos o gestores de publicidad para exhibir su delirio.
En estas circunstancias, el arma que le queda al soberanismo es la movilización popular, que podría no ser tan abundante como cree porque una cosa es jalear el patriotismo catalán el 11 de septiembre y otra muy distinta embarcarse en un oscuro proceso de sedición de consecuencias imprevisibles que puede afectar al bienestar colectivo y abrir confrontaciones trágicas.
