Cuando hace 31 años se aprobó la ley general de Sanidad se buscaba, entre otras cosas, corregir profundas desigualdades sociales, garantizando el acceso universal y gratuito, financiado por impuestos, de todos los ciudadanos a nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir, tenía como objetivo esencial: cambiar la caridad (beneficencia) por derechos, uniendo la protección sanitaria a la condición de ciudadano. Por cierto, votaron a favor de la misma todos los partidos con representación parlamentaria, excepto el PP (entonces AP) que votó en contra.

Pero el PP, con la excusa de la crisis económica, en abril de 2012 inició un cambio en el modelo sanitario público con la entrada en vigor del real decreto-ley 16/2012. Se elimina el acceso de todos los ciudadanos y se pasa a "sólo acceso a los asegurados" dejando sin cobertura sanitaria a cientos de miles de personas. Se recortan también las prestaciones con una nueva cartera de servicios y se introducen por primera vez en 31 años el copago farmacéutico a los pensionistas y se modifica al alza el de los activos. Hay que recordar que también se introducen otros copagos sanitarios: al transporte sanitario no urgente, a la prestación ortoprotésica, a la prestación dietética y a los medicamentos proporcionados a través de la farmacia hospitalaria. Estos cuatro últimos existen, son legales, pero el PP no se ha atrevido a ponerlos en vigor. Pero existen y son legales.

Las medidas de austeridad introducidas han tenido como resultado graves repercusiones en la salud de las personas. Revistas internacionales del prestigio de The Lancet han publicado investigaciones al respecto y se han realizado tesis doctorales donde se relacionan las medidas de austeridad y las repercusiones en salud. Por ejemplo, uno de cada cinco pensionistas no toma toda la medicación por su copago farmacéutico. En Balears, en 2015 este nuevo copago farmacéutico supuso una cifra cercana a los diez millones de euros, una fuente significativa de ingresos. Los copagos sanitarios crean barreras para los colectivos más vulnerables, producen inequidad y no suponen ninguna disciplina en la demanda.

Los socialistas nos opusimos desde el primer momento a ese modelo sanitario injusto, insolidario y completamente ineficiente impulsado por el PP. Desde 2015 algunos de estos retrocesos se han podido eliminar gracias a gobiernos autonómicos donde los socialistas formamos parte. Aquí en nuestra comunidad se ha devuelto el acceso universal a la atención sanitaria de cualquier ciudadano y no sólo de los asegurados. También se ha eliminado el copago por la emisión de la tarjeta sanitaria.

Hace unas semanas se hizo público el informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. Dicho Informe no supone ningún nuevo avance en materia de financiación autonómica. Todo lo contrario, es, de hecho, una involución sobre el actual sistema. Veamos un ejemplo: según el informe se ha detectado una insuficiencia de ingresos y un desequilibrio entre la administración general de Estado y las comunidades autónomas en cuanto al reparto de recursos. Y ¿qué se hace? No se obliga al Estado a poner más recursos sino que el aumento de los ingresos, para repartir dentro del sistema de financiación autonómico, se basa en poner en marcha nuevos copagos sanitarios y en aumentar el IVA, por ejemplo.

Esta circunstancia llama la atención porque se vuelve a poner sobre la mesa la idea de que los copagos pueden contribuir a financiar las comunidades autónomas. Los socialistas mantenemos que la sanidad pública se financia mediante los impuestos ya que la introducción de copagos genera situaciones de inequidad, injusticia e insolidaridad. El PP siempre que ha podido ha intentado eliminar la ley general de Sanidad, ya sean mediante modificaciones mayores o menores. Lo hace porque la derecha quiere un cambio del modelo sanitario público y lo intenta por todos los medios que tiene a su alcance. Para el PP la atención sanitaria pública no es un derecho de ciudadanía.

La otra manera sugerida para aumentar los ingresos es aumentar los impuestos indirectos: el IVA y los impuestos especiales. Los considerados como "regresivos", en la medida en que pagamos igual proporción tengamos lo que tengamos. Es significativo que no se hable de aumentar los impuestos directos, preferentemente aumentando los tipos de las rentas más altas, ni tampoco se dice nada del impuesto de sociedades, especialmente de las grandes corporaciones. No se sugiere una actuación clara y contundente frente al fraude fiscal.

Por todo lo expuesto, los socialistas consideramos que es básico e indispensable blindar el derecho a la atención sanitaria, con acceso universal de los ciudadanos, sin ningún nuevo copago y de la máxima calidad. Evitando así que ningún gobierno de manera caprichosa pueda modificar la sanidad pública. Este blindaje se debe hacer en la Constitución española y en el estatut de autonomía de Balears.

*Secretario de Salud del PSIB-PSOE