De dónde venimos, cómo estamos: en Balears sufrimos un déficit importante en la plantilla de la Administración General del Estado (AGE), que puede cifrarse en el 26%, en comparación con la media de comunidades autónomas; es decir, harían falta unos 1000 trabajadores más para poder equipararnos a la media. Este dato significa que nos encontramos a la cola del Estado en cuanto a dotación de personal para la AGE, lo que provoca una serie de problemas que repercuten en la calidad de los servicios públicos (DNI, seguridad social, empleo, sanidad exterior, catastro, etc.), que afecta negativamente al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma y que, al mismo tiempo, genera una sobrecarga de trabajo e incremento de estrés para las empleadas y los empleados públicos afectados.
Para la UGT esta es una situación inadmisible, generada por la combinación de una restrictiva política de personal del Estado y por el efecto de la insularidad, lo que se traduce sobre todo en un mayor coste de vida y de la vivienda, además de una serie de factores desfavorables: la dificultad de desarrollo personal, familiar, profesional, formativo, etc.
El resultado de estos factores son unas plantillas no adaptadas a las necesidades laborales y, lo que es más grave, la resistencia de los empleados públicos a aceptar un destino en las islas, las situaciones de renuncia o las peticiones de traslado, siendo el déficit de trabajadores públicos una constante lamentable.
Por otra parte, es importante destacar que la situación económica actual de los empleados públicos se ha agravado por el incremento desproporcionado del precio de la vivienda. Sin olvidar que el 36% del personal de la Administración central tiene más de 55 años, lo que tendrá un impacto demoledor sobre la plantilla de Balears a corto y medio plazo. Si las dificultades para cubrir los puestos de trabajo no se solventan de manera urgente, se va a entrar en una situación de emergencia, con la pérdida del número de empleados públicos y de las competencias y talento propios de los perfiles de más edad.
Los empleados públicos, como el resto de trabajadoras y trabajadores, tenemos derecho a alcanzar la misma calidad de vida que la que se disfruta en cualquier comunidad autónoma, tanto en el nivel adquisitivo como en las condiciones laborales y los residentes en Balears tenemos derecho a disfrutar de unos servicios públicos equiparables a los del resto del Estado.
Es fundamental recordar que los empleados públicos somos una garantía para el ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía, estamos a su servicio y, por lo tanto, somos merecedores de una especial atención y protección.
Con el fin de paliar o corregir los efectos negativos de la insularidad, ya en 1965 se creó el complemento de "indemnización por residencia", de carácter compensatorio y no retributivo, pero actualmente no da respuesta a las necesidades reales y carece de una base objetiva para su cálculo y distribución, lo que genera situaciones de agravio comparativo. Así, por ejemplo, en Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de vida inferior y una menor carga fiscal, los empleados de la AGE perciben unas cuantías superiores a los de Balears hasta en un 750%, lo que puede llegar a suponer una diferencia de 980 euros mensuales para personal con 25 años de antigüedad. Es decir, un trato discriminatorio e injustificado para Balears y sus empleados públicos.
El gobierno de España debe garantizar que las medidas de fomento derivadas del hecho insular, o compensatorias por la lejanía o la falta de continuidad territorial con la Península, adoptadas con el archipiélago canario o con otros territorios extrapeninsulares del Estado, también sean de aplicación a Balears.
En definitiva, vivimos una situación que debe ser revertida. Resulta intolerable que las empleadas y empleados públicos deban suplir el déficit del 26% de la plantilla, con los consiguientes estrés y carga de trabajo, o que los centros de trabajo, con frecuencia no cumplan con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Es igualmente inadmisible que la ciudadanía vea demoradas sus gestiones por falta de personal, sufriendo colas y esperas inexistentes en otros puntos del Estado.
Es evidente que nos encontramos ante un problema laboral y social ante el que la UGT actúa con todos los medios a nuestro alcance para su resolución. Ahora bien, también se trata de un problema de desigualdad entre territorios del Estado que requiere la implicación de toda la sociedad balear, especialmente de las fuerzas políticas que tienen la obligación de velar por el bienestar de la ciudadanía de Balears.
* Secretario del sector de Administración General del Estado en la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Illes Balears
