Anuncié, días antes de que se constituyera la comisión para la reforma de la financiación autonómica -para que no se me acusara de desleal una vez empezara mi participación en los debates-, que estábamos ante una nueva martingala. Acabados los trabajos, me ratifico con lo que dije aunque lamento acertar en el pronóstico tras un sin número de horas a ello sacrificadas.
La forma en la que el ministro Montoro articuló, instrumentalizó, el acuerdo de la conferencia de presidentes, fue un fiasco de inicio. Tergiversó el acuerdo nombrando suficientes representantes del Estado a efectos de que añadiendo las comunidades que gobernaba el PP pensaba podía mandar en la comisión. Se inventó un mandato diferente al acuerdo y articuló un intento de subcomisión de cinco, supuestamente representativa de todos los intereses de las comunidades autónomas que hasta el más ingenuo sabía era misión imposible (incluidas aquellas en las que manda el Partido Popular). Puso al frente de la comisión una buena persona y nada más. Nombró unos representantes propios que configuraban algún que otro equilibrio pero que dejaban en manos de uno de ellos la labor principal: una persona de difícil acuerdo, con prejuicios conocidos -ha sido constante la necesidad de sustituir el adjetivo regional por autonómico-, listo y por ello incluso peligroso para el propio ministerio.
Las autonomías nombraron expertos "con bandera". Algunos ni eran de la comunidad representada, ni en origen ni en destino -claro está, no todas las comunidades autónomas podían exhibir "experto", más las ciudades de Ceuta y Melilla- y por ello con hoja de ruta, y supongo con convenio de retribución apropiado. Todos hemos pesado lo mismo, tanto en hablar como en callar y otorgar. La realidad mostró en maratonianas sesiones que las autonomías iban "a lo suyo": se dividían según identificación de cuánto dinero hacía falta al sistema, qué variables de reparto ad hoc les beneficiaban más, si se requerían quitas y en favor o no de la preservación del status quo. El criterio experto, e incluso ideológico, se diluía ante la imperiosa necesidad de los gestores autonómicos de "llegar a final de mes". Cambiar el sistema para que todo continuase igual. Lampedusa. Advocación con la reforma al elefante para lo que es el estado autonómico español, en favor de mayor responsabilidad fiscal y eliminación del fondo de suficiencia, y se paría una hormiga de IVA colegial, de consenso infactible incluso a la vista de los expertos tributarios presentes en la comisión, y se articulaba un nuevo fondo compensatorio, transitorio. Más Frankestein.
Se utilizaban conceptos del federalismo fiscal por el lado del gasto ignorando lo referente a los ingresos (bajo el fantasma de la armonización fiscal) y al necesario rediseño institucional, pero se chocaba con una Constitución que ni se podía mencionar. Se quería reconducir el sistema foral y se ofrecía un banderín de enganche aún de menor capacidad fiscal que el actual modelo que se substituía. Y en medio de ello el Gobierno acordaba un nuevo pacto fiscal con transparencia cero, mantenimiento de privilegio y lanzando un aviso a los ausentes catalanes de que "así se hacen las cosas". Dimitió ante su presidente el representante de Asturias y a rey muerto rey puesto. Y los catalanes justificaron su ausencia.
Las banderas no guardaban ni tan sólo lealtad ideológica. Con "consenso amplio" (por vaguedades) se ha articulado una propuesta que ha cosechado votos particulares de hasta los representantes del Estado y en temas distintos. Contra el principio de responsabilidad fiscal y el puro sentido común, se ha aceptado la posibilidad incluso de una nivelación total y de todos los servicios -y no sólo los fundamentales del estado del bienestar-, se ha negligido el principio de ordinalidad, y mantenida en buena medida la cláusula de preservación del status quo.
Se ha suprimido como referencia la identificación de las capacidades fiscales autonómicas (embarazoso al explicitar sobrenivelación), no se ha resuleto la cuestión de la sostenibildad de la deuda de algunas comunidades autónomas, se ha dejado a una futura comisión el estudio de las variables relativas a la necesidad fiscal y su ponderación, y mandado al limbo de estudios futuros el ajuste por el diferencial de precios entre comunidades. Ante la amenaza de decidir el detalle, párrafo a párrafo, votando, el pánico de los representantes de la Administración central ha sido total. Y ni así se ha conseguido evitar una pléyade de votos particulares con la que algunos expertos han salvado la ropa incluso de los que se han bañado en las secas aguas de la desconcentración del gasto.
Y nos llamaban sabios. Sabios que sólo algunos eran identificables mínimamente como expertos conocedores del sistema de financiación autonómica, con economistas y juristas mezclados, con lenguajes y liturgias diferentes. Y de los expertos, en muchos casos, donde dijeron "digo" afirmaron en el momento final "Diego", con el argumento de que en sus Comunidades representadas de otro modo les corrían a porrazos. Reclamo vergüenza torera desde mi pequeña comunidad de la que he recibido confianza completa, gratis et amore, he padecido la sospecha de ser un infiltrado de la ausente Generalitat y de un partido conservador en la oposición del parlamento balear que continúa tentado en confundir la dignidad, la vocación de autogobierno y la asunción de responsabilidad fiscal como un entreguismo al independentismo catalán en vez de a los homólogos de partido y a la hoja de ruta de sus secretarías centrales.
Lo cierto es que todos trabajamos con esmero e incluso buen rollo. Pero quizás el puzle era de encaje imposible. Algunas piezas han crecido con el tiempo, se han hecho adultas, y los corsés tradicionales ya no sirven. Ha faltado valentía. Lástima.
*Economista i professor
