El tinglado ideológico del nacionalismo catalán en pro de la secesión se ha basado en un concepto falaz y atrabiliario: el "derecho a decidir". Obviamente, la expresión es tan positiva y directa que quien niegue ese derecho aparentemente originario y previo a todos los demás pasará inmediatamente a ser considerado un gran reaccionario, un verdadero autócrata, un enemigo de las libertades, un fascista.
La estratagema no es con todo original puesto que fue ensayada a su debido tiempo por el PNV en el Plan Ibarretxe con la introducción en el debate del "ámbito vasco de decisión". Con la deslealtad característica del nacionalismo militante, aquel PNV quiso introducir el concepto en la reforma estatutaria sui generis que elaboró el lehendakari con el fin de que, al resultar aprobada esta, quedase de paso reconocido el derecho de autodeterminación. La jugada quedó como se sabe desactivada con la negativa del parlamento español en enero de 2005.
El desmontaje de la trampa es sin embargo fácil: el derecho a decidir es inherente, qué duda cabe, a la ciudadanía, y de hecho equivale al conjunto de los derechos civiles, reconocidos por la Carta Magna española y por todas las constituciones democráticas del mundo. Pero en esta clase de regímenes, ningún derecho individual ni colectivo es ilimitado porque todos lindan con los derechos de los demás. La libertad de expresión, por ejemplo, termina allá donde empiezan el legítimo derecho al honor de las personas y el derecho a la información veraz de todos, entre otros. La autodeterminación personal no es absoluta, y, por ejemplo, no nos está permitido tomarnos la justicia por nuestra mano: hay cauces para exigirla, para lograr el resarcimiento de las agresiones y los agravios. Y de la misma manera, el "derecho a decidir" colectivamente no puede ser aceptado si su ejercicio no se atiene a las leyes, si no se realiza en el marco procesal constitucionalmente establecido. El "derecho a decidir" es, en definitiva, el derecho a disfrutar de las libertades públicas en el ámbito constitucional. Y no otra cosa.
Pero no esta la única falacia inventada por los nacionalistas en esta especie de "neolengua" orwelliana que se utiliza para enmascarar el engaño, y como ha denunciado Miriam Martínez-Bascuñán, el mecanismo para la intoxicación es siempre el mismo: identificar la crítica con un calificativo que estigmatice al emisor. Así por ejemplo, se dice "poner urnas es democrático", y el desacuerdo será tildado inmediatamente de "antidemócrata" y de "reaccionario". De nada sirve recordar que Franco también ponía urnas con enfermiza osadía para elegir a los procuradores de representación familiar y que en el referéndum de diciembre de 1966, sobre la llamada Ley Orgánica del Estado, consiguió un 95,06% de síes con una participación del 88,8% de los electores. Urnas ha puesto también Maduro para hundir del todo la débil democracia venezolana, eligiendo una manipulada asamblea que anule al legítimo poder legislativo que le es adverso. Y urnas fueron, en fin, las que llevaron a Hitler en andas al poder. En definitiva, las urnas, sin un proceso democrático que las sostenga y acredite, pueden ser coartada del abuso de un dictador.
También fue Orwell quien dejó escrito que "el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez". Basándose en esta tergiversación semántica, el nacionalismo desarrolla sus estrategias; "movilización de masas, presión sobre los eventuales opositores con la amenaza de retirarles la credencial de catalanes" (Enric Hernández). Es, como dice Antonio Elorza, "la democracia aclamativa de Carl Schmitt, donde las masas, bajo un liderazgo ejerciendo la demagogia, destruyen la idea de ciudadanía. Aun en el caso de existir una mayoría independentista, ello no afecta a la perversión de un procedimiento de raíz totalitaria, que no apela a la razón, sino a la coacción y al imperio del efecto-mayoría".
