Tomen el título en el mejor sentido. Porque nada de acusar de machismo a nuestros diputados -no me consta- sino señalar que, afortunadamente, se han puesto las pilas respecto a unos delitos que cargan de responsabilidad a la sociedad entera.
Por contextualizar el problema y cuantificarlo hasta donde es posible, será oportuno recordar que en nuestro mundo son cada día millones los agredidos (mujeres y niñas/os): intimidación, tráfico de prostitución, mutilación genital€ hasta, en su extremo, el asesinato. La comparación entre distintas comunidades en el ámbito internacional no es a veces posible ya que, hasta donde sé, sólo 23 países registran de modo fiable las muertes por esta causa pero, en líneas generales, la violencia de género alcanza máximas cotas en África, países árabes y Latinoamérica, que dobla allí la media mundial conocida: 10-15 asesinadas por millón de mujeres y, más de la mitad, a manos de su pareja presente o pasada. En lo que respecta a Europa, se citan 6 homicidios/millón y son los países nórdicos quienes encabezan el terrible ranking, mientras que España -aunque de ningún modo suponga un consuelo- se sitúa a la cola (40-75 muertes/año; unas 3.6/millón) e incluso por detrás de EE UU, cuyas estadísticas, recientemente publicadas (Morbidity and Mortality weekly report, 20-7-2017), ofrecen pormenores de interés para la adopción de medidas profilácticas.
La violencia de género supone allí la quinta causa de muerte en mujeres de entre 18 y 44 años (1/3, menores de 30) lo que, en 2015, arrojó la cifra de 3.500 homicidios: 79.2% a manos de su pareja y 14.3% por su expareja. Frente a semejante drama y desde los años ochenta, se han implementado medidas varias (Amer.J. of Prevent. Med. 52 (5), mayo 2017) que merecen el análisis por si pudieran ser en gran parte extrapoladas a nuestro entorno pese a reconocer, en cualquier lugar, las dificultades para un cambio de actitudes que acabe definitivamente con la que Gramsci llamaba subalternidad: esa compleja red de subordinaciones, de sometimientos pluricausales con asimetría respecto al poder de un género sobre el otro que supone, como alguien apuntó, la apropiación del derecho ajeno y que según revelan los datos expuestos, dista de haber terminado.
El problema es multifactorial y, por no existir un perfil único de maltratador/eventual asesino, la prevención (por no adentrarnos en la punición o las oportunas medidas tras la excarcelación de un agresor) habrá de ser necesariamente plurisectorial y continuada aunque, demasiadas veces, la propia víctima y por motivos varios puede convertirse en aliada de su victimario. Así lo comprobé en un par de ocasiones durante mi ejercicio profesional cuando, tras advertir en el curso de la exploración clínica obvias señales de violencia, las afectadas se empeñaban en ocultar su origen y exculpar, los ojos bajos y la voz tomada por la angustia, a los presuntos autores, negándose por supuesto a interponer la correspondiente denuncia y suplicando a un tiempo mi silencio.
Es preciso poner el énfasis, junto a las oportunas reformas jurídicas de ser el caso, en la necesidad de un registro de datos lo más amplio y pormenorizado posible, lo que debiera ir acompañado -así se menciona en EE UU- de campañas públicas y continuadas para la concienciación respecto a la (orillada demasiadas veces) igualdad de géneros; mejora en la formación específica de todos los profesionales implicados (personal sanitario y policía, juristas€), suficiente cobertura económica para las afectadas por violencia de género que opten por el distanciamiento ("quien no se mueve, no se da cuenta de sus cadenas", observó en su día Rosa Luxemburgo) y, obligadamente, programas educativos desde la escuela secundaria: grupos de debate, escritura creativa respecto a la violencia de género, role play€
En nuestro país y en mi opinión con nulo acierto, se eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, plataforma adecuada para la lucha por la igualdad desde edades tempranas. No obstante, y de existir voluntad política como parece ser el caso, podrían arbitrarse medidas adicionales para disminuir una lacra que padecemos desde tiempo inmemorial. La Delegación de Gobierno mantiene un registro oficial para la violencia de género y la subcomisión del Congreso acordó, en fecha 24 de julio y pendientes del definitivo pacto de Estado en el mes de septiembre, 200 medidas y un presupuesto de 1000 millones en los próximos cinco años. Entre otras, eliminar el requisito de denuncia previa (en los últimos años, el 80% de afectadas no la había presentado) para ser considerada víctima de violencia de género y, en consecuencia, sujeto de protección y beneficiaria de servicios sociales; proseguir la investigación aún en caso de haberse retirado la acusación, aumento de las competencias al respecto por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos€
Sólo cabe esperar en que una mayor sensibilización, social y política, ponga de una vez por todas coto a tanto desmán. En próximos años, los datos nos lo dirán.
