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Antonio Papell

Rajoy, testigo de cargo

El presidente del Gobierno testificará hoy ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y difícilmente admitirá haber cobrado...

oy, miércoles, Mariano Rajoy testificará en el 'caso Gürtel', a instancias de la acusación particular representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, y después de que el tribunal de la Audiencia Nacional, con el voto en contra de su presidente Ángel Hurtado, aceptara la petición en tal sentido del abogado Mariano Benítez de Lugo, que será probablemente el que desarrolle el principal interrogatorio, relacionado con la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005) que se está juzgando, una historia de corrupción mediante la cual se financió presuntamente el Partido Popular. Es muy relevante, y prueba clara de la independencia de los jueces, que el tribunal de la Audiencia Nacional haya aceptado por dos votos a uno (ha prosperado la tesis del magistrado progresista José Ricardo de Prada y el moderado Julio de Diego) la declaración de Rajoy, quien obviamente no comparece como presidente de Gobierno sino como alto cargo del PP en la época en que sucedieron los hechos. El PP, no se olvide, es responsable civil -partícipe a título lucrativo„ en este proceso.

La llamada a declarar a Rajoy, secretario general del PP entre septiembre de 2003 y octubre de 2004 y después presidente del partido por designación de Aznar, era al menos tan pertinente como las comparecencias de los demás secretarios generales de aquellos años, Álvarez Cascos, Arenas y Acebes. Además, el nombre de Rajoy fue mencionado por Bárcenas cuando declaró que el yerno del empresario Joaquín Molpeceres, donante del PP, había alertado a Rajoy de que Francisco Correa usaba el nombre del partido para obtener donativos, lo que habría provocado la ruptura de Génova con este sujeto. La otra vinculación de Rajoy con el caso ha quedado en penumbra: en los célebres 'papeles de Bárcenas', supuestamente la contabilidad "b" del partido, aparecen 33 apuntes designados con los nombres "Mariano", "Mariano R." y "Mariano Rajoy", con un monto total de unos 271.000 euros, que parecen sugerir el pago de un sobresueldo, que nada tendría de particular si se hubiera declarado a Hacienda. La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell ya preguntó a Cascos, Arenas, Acebes, Mayor Oreja y Rato por tales sobresueldos, que también aparecían en los 'papeles', y todos negaron haber recibido gratificaciones semejantes, por lo que no es imaginable que Rajoy sí las admita.

La tesis del PP, que no parece estar alejada de la que mantiene por ahora el sistema judicial, consiste en que la situación económica de los partidos es competencia exclusiva de los tesoreros y administradores, sin que los responsables políticos hayan de tener conocimiento de las vicisitudes financieras ni les alcance, por tanto, responsabilidad penal alguna. La unanimidad con que se ha señalado como culpable de todo el tinglado al extesorero Álvaro Lapuerta", cuya imputación se ha archivado por "demencia sobrevenida", resultaría cómica si no estuviéramos halando de un problema que ha socavado y desacreditado la democracia de este país.

Así las cosas, todo indica que el peso de la ley penal recaerá sobre los miembros de la trama Gürtel y aquellos intermediarios colindantes, como Bárcenas, que acumularon fortunas imposibles de justificar. En definitiva, las consecuencias políticas para el PP se manifestarán en forma de desgaste electoral, que no es poca cosa.

Los sociólogos políticos y expertos en demoscopia explican que ese desgaste, producto de la decepción de muchos seguidores, del desengaño que experimentan otros y de la irritación con que un sector del electorado percibe esta clase de noticias, rebaja el techo de los partidos, es decir, limita el porcentaje teórico máximo de ciudadanos dispuestos a votar a dicho partido si se dan todas las condiciones favorables para ello. De hecho, tras las elecciones generales de 2011, las últimas en que un partido superó la barrera del 40% de los votos, es manifiesto que el techo de los grandes partidos ha bajado muy considerablemente, y hoy ni siquiera llegaría probablemente al 30% porque han continuado desertando de forma irreversible más electores. Este es el precio real de la corrupción, que algunos consideramos demasiado bajo.

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