'¿Os acordáis de cuando en las plazas pedíamos coaliciones con el PSOE para formar gobiernos progresistas? Yo, tampoco'. Más o menos es lo que decía un tuit que leí hace unos días. Y es que, efectivamente, lo que se terminó llamando el movimiento 15-M salió a la calle para protestar -teóricamente- contra la alternancia en el poder -que no alternativa- del bipartidismo. Bi-partidismo. Que, como su propio nombre indica, son dos (bi) partidos (partidismo). Uno de ellos era el PSOE. Por si a alguien se le ha olvidado. La cuestión es que Podemos recogió esa indignación -en gran parte lógica- con los vicios del sistema y la transformó en votos. Pero al principio -hay que recordarlo- se presentaba como un partido transversal: ni de izquierdas ni de derechas.
Para entender el divorcio de la ciudadanía y las instituciones basta con observar la diferencia entre lo que dicen los partidos antes de llegar al poder y cuando consiguen alcanzar su cuota. Regular el alquiler vacacional, poner un poco de cordura a la masiva llegada de turistas a la vez que se protege la principal industria del archipiélago, era -posiblemente- uno de los principales retos en estos cuatro años. El resultado de la acción de gobierno a este respecto es una ley que -al día siguiente de ser aprobada- ya se reconocía que se tiene que modificar. Impávida es lo único que podía estar una ante la reunión posterior de los partidos que sustentan el Pacto: tenemos que ponernos de acuerdo y solucionar esto. Dos horas y media de encuentro para una perogrullada que debería haber estado clara desde el momento en que decidieron conformar una mayoría alternativa al PP. Aunque una supone que -en el fondo- PSIB y Més esperaban que fuera sólo otra de las boutades de Podem. Cuando no les da por proteger zonas de Kenia, confundiendo sus coordenadas geográficas con las de Es Trenc. O por garantizar el bienestar del bou de Fornalutx con una sesión de Spa y heladito de chocolate después del paseo por el pueblo.
En lo que sí son efectivos es en imponer sanciones administrativas a quien no piensa como ellos. Un articulista de Baleares tiene a día de hoy un expediente abierto por escribir sobre la condición sexual de un cargo público del ayuntamiento. Muy lícito es que éste acuda a los tribunales para defender su intimidad u honor, si considera que han sido vulnerados. Y que sean los jueces quienes decidan si prevalecen o no sobre la libertad de expresión. Pero que el ejecutivo imponga multas amparándose en un supuesto ataque a los derechos de los LGTBI por decir que 'desde pequeño se veía a la legua que las mujeres no eran precisamente su debilidad', sin hacer valoración alguna al respecto, es más propio del caciquismo que de un gobierno democrático. Más si resulta que se trata de una cita casi literal al gran Billy Wilder en "La vida privada de Sherlock Holmes". En la que resulta que había un personaje que era gay. Qué cosas. No es más grave que si hubiera desvelado cualquier otro aspecto de su infancia. Ser homosexual no es distinto de ser alto, rubio o travieso. Si realmente se cree en la igualdad.
Acusar al mismo articulista de 'apología del bullying' cuando escribe 'la crueldad infantil es infame y me da vergüenza reconocer que no me abstuve de las burlas que entonces recibía' es más propio de personas con problemas de comprensión lectora. ¿El artículo es desafortunado? Sin duda. ¿Justifica eso una sanción del gobierno cuando son los tribunales el sitio adecuado para defenderse de una vulneración de derechos? Rotundamente, no. Repasen si no la teoría sobre la separación de poderes. Si Montesquieu levantara la cabeza.
Los unos con la Ley Mordaza y los otros pretendiendo que los que opinamos nos la cojamos semanalmente con papel de fumar. Imponer la corrección política -a ver por qué en el siglo XXI no vamos a poder hablar de homosexualidad- no es sino un intento de censura. Y los que tenemos el privilegio y también la responsabilidad de llegar hasta ustedes a través de las páginas de cualquier periódico debemos defender nuestra libertad para hacerlo. Y escapar de la autocensura. Sin que ello suponga avasallar derechos ajenos. Pero para eso ya está el Código Penal. Cuando nuestros políticos entiendan que les pagamos el sueldo para que se ocupen de las cuestiones importantes en lugar de decidir y ejecutar movidos por un afán de fastidiar al contrario ideológico, quizá algún gobierno en esta comunidad pueda aguantar más de una legislatura seguida en el poder. Sean del color que sean. Aunque -ahora que lo pìenso- igual les estamos infravalorando. Al fin y al cabo, gracias a ellos algunos acabamos de descubrir que Billy Wilder era homófobo.
