Uno de los proyectos estrella del gobierno de Carles Puigdemont, al margen del proceso independentista, era la reforma horaria, una propuesta iniciada en 2014 con el consenso de todas las fuerzas políticas catalanas encaminada a poner Cataluña al paso de otros países europeos que consiguen organizarse mejor, permitir a los ciudadanos más tiempo libre para el ocio, conciliar familiarmente los quehaceres y, en definitiva, dar pasos hacia una mayor felicidad. Naturalmente, la gestión conmocionante del referéndum de autodeterminación ha hecho imposible avanzar en este asunto, y un plan que debía haberse empezado a aplicar en 2017, se ha postergado hasta 2025.
Pero tampoco el Gobierno de la nación (en minoría) está mostrando en esta legislatura gran capacidad de iniciativa, ni el Parlamento (fragmentado) destaca en la elaboración de leyes. Si se excluyen las trasposiciones de normas comunitarias, la única ley tramitada por las cámaras ha sido la de Presupuestos Generales del Estado. Pobre balance.
Pero Cataluña en particular y el país en general no funcionan mal del todo. Crecemos a más del 3%, el paro va descendiendo y existe una sensación perceptible de normalidad mientras se van restañando las últimas consecuencias de la crisis. En estas condiciones, no sería extraño que llegáramos a la conclusión de que no es necesario que las instituciones se esfuercen para que todo vaya sobre ruedas. Ni más leyes ni más debates? Los políticos son mucho más prescindibles de lo que ellos mismos se creen.
