Diario de Mallorca

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Las segundas elecciones de la República española, en noviembre de 1933, primeras en las que pudieron votar en España las mujeres, representaron un gran vuelco en la orientación de la República. En efecto, fueron ganadas por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con 115 escaños (el 24,3% de los votos) en una cámara de 473 diputados. A continuación, el Partido Republicano Radical de Lerroux logró 102 escaños (12 más que en 1931) y el Partido Socialista, 59, lo que supuso una pérdida desastrosa de 56 diputados. El Partido Republicano Radical, que presidía el gobierno, pasó de 60 diputados a uno. La unidad de la derecha fue más eficaz que la división incorregible de la izquierda.

El 1 de octubre de 1934, la CEDA anunciaba que retiraba el apoyo parlamentario al gobierno del radical Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo. El Gobierno dimitió y el presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora, propuso a Alejandro Lerroux como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA. En cuanto se hizo pública la composición del nuevo Ejecutivo, los socialistas cumplieron su torpe amenaza de que desencadenarían la "revolución social" si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la "huelga general revolucionaria". Fue la Revolución de Asturias.

El 5 de octubre, la Alianza Obrera de Cataluña declaró la huelga general, aunque sin el apoyo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña de la CNT, y Cataluña quedó paralizada. El 6 de octubre, los sindicalistas organizaron una manifestación que se dirigió hacia la plaza de San Jaime con pancartas reclamando la "República catalana" pero se disolvieron pacíficamente. En realidad, aquel día no hubo actos de violencia en Barcelona y fueron muy escasos en el resto de Cataluña.? Al parecer el presidente de la Generalidad, Companys, trató de hablar por teléfono con el presidente de la República para advertirle de que le sería imposible contener las reacciones izquierdistas y nacionalistas contra el nuevo gobierno al que se había incorporado la CEDA, aunque no logró hablar personalmente con él. Aquella misma mañana, Companys había conocido el anuncio del gobierno de Lerroux de declarar el estado de guerra en toda España.

Sin conexión alguna con la huelga insurreccional socialista, el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys proclamó "el Estado catalán dentro de la República Federal Española" hacia las 8 de la tarde del sábado 6 de octubre, como una medida contra "las fuerzas monárquicas y fascistas... que habían asaltado el poder".? A continuación, Companys invitaba a la formación de un "Gobierno provisional de la República" que tendría su sede en Barcelona. Los historiadores coinciden en que más que provocar la secesión, Companys pretendió evitar el contagio de la insurrección y por tanto un conflicto sangriento.

Tras pronunciar su discurso, Companys comunicó oficialmente sus propósitos al capitán general de Cataluña y general en jefe de la IV División Orgánica, con sede en Barcelona, el general Domingo Batet, catalán de ideas moderadas, pidiéndole que se pusiera a sus órdenes "para servir a la República Federal que acabo de proclamar". El general parlamentó entonces con Enrique Pérez Farrás, el jefe de los Mozos de Escuadra, para que se presentara en la Capitanía y se pusiera a sus órdenes. Éste le respondió que sólo obedecía al presidente de la Generalidad. Batet habló a continuación con el presidente del Consejo de Ministros, Lerroux, y, siguiendo sus órdenes, proclamó el estado de guerra aplicando la ley de Orden Público de 1933.

La rebelión catalana, falta de toda planificación y del apoyo de la principal fuerza obrera de Cataluña, la CNT, fue rápidamente dominada el día 7 de octubre por la intervención del Ejército encabezado por el general Domingo Batet, cuya moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas (murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles).? El presidente y los consejeros de la Generalidad fueron encarcelados y el estatuto de autonomía de Cataluña de 1932 fue de momento suspendido (la derecha monárquica exigía su derogación definitiva).

En nada se parece la situación de 1934 a la actual, ni este régimen al de entonces, y hoy las convicciones éticas y democráticas son mucho más firmes en todo el arco parlamentario. Pero no parece impertinente contemplar las analogías, que también las hay, aunque sólo sea para que la ignorancia de la historia no nos condene a tener que repetirla.

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