El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, economista del Estado, número uno de su promoción, que ha llegado al cargo tras recorrer con brillantez todo el escalafón del antiguo banco emisor, realizó el pasado miércoles un primer análisis en sede parlamentaria de la crisis económica y financiera que arrasó a este país y de la que apenas estamos empezando a salir. Y aunque su relato ha guardado un escrupuloso respeto a sus predecesores en el cargo -Jaime Caruana, entre 2000 y 2006, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entre 2006 y 2012—, Linde ha realizado un primer diagnóstico personal que resulta considerablemente realista, más desde luego que el informe oficial sobre el mismo tema que publicó recientemente su institución.
A juicio del gobernador, se cometieron varios errores graves, que enunció con claridad: no se tomaron las medidas para frenar el crecimiento insostenible de los créditos inmobiliarios; las fusiones frías de las cajas no resolvieron los problemas de aquellas entidades; no se previó la dureza de la burbuja y se pensó hasta el último momento que se podía atajar de forma "suave"; y si se hubieran aplicado medidas agresivas contra la crisis desde el primer momento, sin practicar políticas de paños calientes, se hubiera ahorrado dinero. En definitiva, y en referencia a este último factor, "se intentó minimizar a corto plazo el coste de la crisis bancaria, atajando los problemas que iban apareciendo, lo que podía haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos que con un enfoque más agresivo y ambicioso desde el inicio de la crisis". Linde prorrateó culpas, razonablemente: "El Banco de España no podía actuar con independencia de la evolución de nuestras finanzas públicas y de las decisiones de otras autoridades"; en otras palabras, Pedro Solbes y Elena Salgado deben compartir la carga de responsabilidad, como parece evidente, sin olvidar a Rodrigo Rato, que durante su vicepresidencia con Aznar llevó la burbuja inmobilaria a su velocidad máxima de crucero.
En todo este asunto, lo que más llamativo resulta es la gran impericia de algunos profesionales que debían haber detectado la catástrofe que se avecinaba -aquella aparatosa y gigantesca burbuja se había salido de madre porque se basaba en una sobreabundancia enfermiza de créditos-, por la fatal conjunción de una etapa de fuerte crecimiento con superávit fiscal, la ley del Suelo de Aznar de 1998 que daba grandes facilidades para la edificación y unos tipos de interés cercanos a cero. En aquella coyuntura, con un sector construcción que levantaba al año más viviendas que en toda la UE, con un crecimiento anual de los precios de dos dígitos en tiempos de baja inflación, ¿cómo podían decir los ministros económicos de la época que no había riesgo en aquel desaforado sobrecalentamiento y que el "aterrizaje" suave del sector construcción estaba perfectamente controlado?
Hay testigos de unas palabras de Rato de principios de los 2000 en las que el entonces vicepresidente reconocía su impotencia política para frustrar una euforia tan rentable para él mismo y para su partido. Algo parecido debió pensar Solbes en su infausto periodo al frente de la Economía, antes de dejar la cartera en manos de Salgado.
De cualquier modo, la impericia, la falta de genialidad o de arrojo políticos, la pusilanimidad que impide tomar decisiones necesarias son atributos cuya falta no genera experiencia. Pero sí deberían los técnicos y los expertos en economía tomar nota de aquella burbuja "de libro" que agravó nuestra crisis sumando una burbuja de deuda a la burbuja financiera original. Draghi ha negado hace poco y precisamente en España -en un ciclo organizado por el Banco de España— que su política de estímulos y tipos bajos propicie la generación de burbujas, pero ha reconocido que el BCE ha detectado "áreas que requieren una vigilancia estrecha y continuada". Sería magnífico que todos los actores aprendieran las lecciones para minimizar crisis futuras. Crisis que regresarán cíclicamente, con inexorable recurrencia, pero que no tienen necesariamente que ser tan graves.
