La legislatura cumple estos días su paso de ecuador y en el horizonte quedan varios asuntos de calado que definen ese cambio de modelo reclamado desde el pozo de la recesión. Como la crisis no fue solo económica sino también social, algunas de las principales medidas impulsadas por el Govern en la primera mitad de mandato han consistido en trasladar al papel las transformaciones operadas en nuestra estructura de convivencia, pero aún tiene que resolverse el encaje de aspectos como el alquiler turístico de pisos, el efecto de la nueva burbuja inmobiliaria sobre el acceso a la vivienda o la consolidación de las entidades del tercer sector como prestadoras de servicios sociales básicos que la Administración les ha ido confiando.
Queda por desvelar también si finalmente se modificará el estatut d'autonomia para retirar el aforamiento a los diputados del Parlament, un tema que ya empezó a discutirse en la Cámara con el ánimo de alcanzar un gran pacto entre partidos. En un momento de profunda inquietud por la corrupción, la escenificación de un acuerdo de estas características supondría un compromiso de honestidad significativo y necesario para oxigenar las relaciones entre los políticos y la ciudadanía, así como una muestra de que es posible el consenso pese a la discrepancia ideológica.
Todas estas asignaturas pendientes tienen por objeto asentar la estructura de funcionamiento de una sociedad que, por otra parte, afronta próximamente un debate abierto ya desde hace muchos años, pero que ahora adquiere otra dimensión. Hoy, como cada cierto tiempo, vuelve a encenderse la espita de la financiación de las arcas públicas y la práctica totalidad de la sociedad civil de las islas -unas setenta entidades apoyan el documento inicial del Govern para un nuevo Régimen Especial (REIB)- entiende que es urgente afianzar la columna que vertebra toda la acción política y de servicio público. Sin una garantía de recursos estables no es posible programar mejoras que perduren y hagan perdurar el bienestar de los ciudadanos.
Visualizamos mejor el beneficio de un régimen especial cuando, en nombre de la desventaja producida por la insularidad, tenemos derecho a pagar menos por el billete de avión. Aparte de eso, poco más ha aportado el REB en veinte años de vigencia, quizás porque haciendo honor a sus principios solo ha tenido vocación de "de medida paliativa" contra el hecho insular. Y encima la reciente subida de la bonificación al 75% tenemos que agradecérsela a Nueva Canarias.
A finales de los noventa no prosperó la idea de una fiscalidad diferenciada para Balears, pero hoy el reto es lograr propósitos como un IVA específico. La reducción de este impuesto sobre el consumo ha sido bandera de reivindicación del empresariado turístico. El archipiélago canario, y Córcega, las Azores y Madeira y las islas del Mar Egeo, han sentado precedente de la apertura de Bruselas a beneficios fiscales basados en la particularidad geográfica. Sobre esa baza reposa la fe de quienes creen que nuestra demanda ahora sí puede prosperar; que los vecinos españoles del otro archipiélago ya cuenten con esta medida aleja susceptibilidades y deja a Madrid con un argumento menos para rechazar la idea.
Curiosamente en tiempos de frentes comunes la idea de una negociación mano a mano entre la comunidad autónoma y el Estado resulta más seductora para algunos. Cierto es que esa bilateralidad es solo una parte de la vía a seguir para mejorar los recursos de esta región, y que deberá completarse con la reforma del sistema de financiación y la negociación de otras inversiones estatales, procesos que requieren del equilibrio con el resto de autonomías. Pero no estaría de más que en esta ocasión el discurso que respalde las reivindicaciones trascienda lo puramente diferencial.
Se debe buscar el efecto diferenciador, que ya no puede ampararse solo en el hecho insular, porque hay otros fenómenos, y he enumerado alguno al principio, cuya particularidad es tan relevante como para aspirar a una voz propia en medio del ruido general. En esto, como en todo, se puede hacer camino o esperar a que otros lo despejen. He aquí una senda abonada de zanahorias y un ministro que ya ha dado a entender que no tendrá reparo en apropiárselas.
