Editorial

Un pacto necesario

25.06.2017 | 02:45

Casi por definición, un archipiélago se asienta sobre su fragilidad. Las fronteras del horizonte definen un espacio cerrado y precario, un territorio limitado y en continua tensión por la exigüidad de sus recursos. A pesar de su apertura al comercio exterior –gracias a la musculatura de un sector turístico de referencia en toda Europa–, Balears no constituyen una excepción a esta regla. Sufren un déficit crónico en sus infraestructuras, una financiación manifiestamente mejorable, elevados costes asociados a la insularidad –del precio de la electricidad al de la gasolina, por citar dos ejemplos evidentes–, una escasez de vivienda asequible a consecuencia de lo reducido del territorio y, así, un largo etcétera. Reivindicar, por tanto, un Régimen Económico Especial para Balears (REIB) –como ha solicitado de forma unánime la sociedad civil de nuestra comunidad el pasado lunes– no constituye sólo un acto de justicia histórica, sino una herramienta fundamental que sirva para encauzar el futuro y la prosperidad de este archipiélago.

No será tarea fácil, sin embargo, que el REIB llegue a concretarse a corto plazo en un texto legal de ámbito estatal. No cabe duda de que el primer paso del Govern balear ha sido el adecuado, ya que ha conseguido poner de acuerdo a la práctica totalidad de la sociedad isleña –partidos políticos, sindicatos, patronales, y colectivos profesionales y cívicos– en la necesidad de reclamar un régimen económico y fiscal propio. Algunos estudios subrayan un dato importante como punto de partida: el coste de la insularidad ronda los 8.000 millones de euros al año, lo cual incide directamente sobre la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. A partir de este hecho ineludible, las medidas solicitadas apuntan en la dirección de rebajar tanto del IVA general como del reducido, conceder mayores subvenciones al transporte de mercancías, elevar el descuento de residente en los viajes a la península, subsidiar el precio de la energía y mejorar la inversión en infraestructuras, entre otras muchas políticas concretas destinadas a minimizar el precio de nuestra singularidad geográfica. Son propuestas importantes que exigirán una negociación sutil y, de entrada, bastante compleja. Para empezar, porque existen dificultades obvias de carácter interno, como las estrecheces presupuestarias del Estado –cuyas cuentas públicas siguen sujetas al procedimiento por déficit excesivo de la UE–, que limitan los márgenes de maniobra fiscal del gobierno. Y no podemos obviar, en segundo lugar, que parte del trato diferenciado del que disfrutan las Canarias se debe a su condición de región ultraperiférica –amparada de un modo especial por la legislación europea– y no estrictamente al hecho insular.

En esta negociación, una vez logrado un consenso histórico de la sociedad civil balear, auspiciado en buena medida por el insistente trabajo llevado a cabo por el Cercle d´Economia, que actualmente preside Andreu Rotger, el siguiente paso ha de ser redactar un texto legal inteligente y ponderado que permita iniciar el diálogo con el gobierno central. Llegados a este punto, no cabe duda de que el papel de los principales dirigentes baleares de los partidos de ámbito nacional –PP, PSOE, Cs y Podemos– será clave a la hora de poder sacar adelante un proyecto tan necesario como justo.

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