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Ha habido consenso para cambiar la gestión de RTVE, regresando al criterio rector de la reforma de 2006 impulsada por Zapatero: la ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal establecía que el consejo de administración, y consiguientemente el presidente de la institución, había de ser elegido por mayoría de dos tercios, lo que obligaba a un consenso transversal, que ciertamente tuvo la virtud de garantizar la neutralidad ideológica del ente. Rajoy cambió el modelo en 2012 para poder controlarlo con su mayoría absoluta. Pero la nueva televisión pública organizada de aquel modo fue privada de publicidad en 2009, con lo que quedó a expensas de las subvenciones públicas y de un canon abonado por los operadores de telefonía. En 2008, Televisión Española obtuvo 557 millones de euros del mercado publicitario y recibió 500 millones de las arcas del Estado, lo cual no impidió que cerrara el año con un déficit de 72 millones de euros. Desde entonces, la subvención pública fue bajando hasta los 340 millones de 2017. El techo de gasto fue algo inferior a los 1.000 millones. RTVE es, en definitiva, un gigante mal financiado, por lo que parecería lógico que, al mismo tiempo que se ubica políticamente esta institución, se haga lo propio financieramente. Como es conocido, la mayor parte de la publicidad que recaudan los medios audiovisuales queda en poder del duopolio televisivo. ¿Es éste el modelo de consenso que el Parlamento español quiere mantener?

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