Como se sabe, ha sido detenido de nuevo en Madrid "el violador del ascensor", que fue puesto en libertad hace cuatro años en aplicación de la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. El sujeto había cometido cuatro nuevas agresiones sexuales contra mujeres cuando ha sido identificado por la policía. Y, lógicamente, se ha reabierto el espinoso asunto de la rehabilitación de los delincuentes sexuales.
Nuestra Constitución impone que "las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social". Pero, según los expertos, un 10% de los violadores reinciden cuando salen en libertad. ¿Qué hay que hacer pues? ¿Resignarse a la fatalidad y a que se cometan abusos perfectamente previsibles? Si se quiere respetar el mandato constitucional, sólo hay un camino para evitar estas dramáticas reincidencias: el control psiquiátrico y policial del violador que ha cumplido la sentencia y no haya sido declarado rehabilitado con certeza científica por los psiquiatras. Las mujeres víctimas de estos perturbados no tienen por qué pagar las deficiencias de un modelo que no sabe conciliar sus principios humanitarios con la seguridad de las personas.
