La ruptura radical de la legalidad con que amenaza el soberanismo catalán producirá efectos irreversibles si llega a materializarse porque en un estado de derecho las infracciones penales tienen consecuencias, por benévola que sea la interpretación. Por ello, quienes se disponen a dar el paso decisivo de franquear el umbral de la Constitución (que, ocioso es decirlo, mantiene su legitimidad y su vigencia) deberían meditar si tiene sentido este viaje a ninguna parte o si lo lógico es seguir explorando hasta el agotamiento los caminos democráticos. Después de todo, la democracia es el método más perfecto que se conoce para la resolución pacífica de los conflictos, y queda aún mucho trecho por recorrer si existe verdadera voluntad de ello.
Conviene recordar -lo ha hecho un periódico catalán en un magnífico editorial significativamente titulado "Aún estamos a tiempo"- que el soberanismo consiguió en las últimas elecciones autonómicas, a las que los partidos independentistas acudieron juntos para significar su objetivo referendario, el 47,8% de los votos, y que este porcentaje, elevado pero insuficiente, se obtenía sumando dos magnitudes heterogéneas: el apoyo que consiguió Junts pel Sí (39,6%) y el de la CUP (8,2%). Esta precisión es importante porque el concepto de independencia que alientan los electores de Junts pel Sí tiene poco que ver con el que postulan los dela CUP: aquellos querrían una república catalana democrática y parlamentaria integrada en la Unión Europea y estos una república popular aislada de Europa y parecida a la anterior Albania de Enver Hoxa.
Estas evidencias (unidas a otros criterios que no hace falta reiterar) hacen sencillamente impensable que la comunidad internacional en general y la Unión Europea en particular arrope, acepte o convalide un referéndum de autodeterminación ilegal€ en el supuesto de que se celebrara, algo que no ocurrirá porque ni el Gobierno del Estado lo tolerará ni los funcionarios públicos de la Generalitat se prestarán a acompañarlo. Así las cosas, parece claro que si Puigdemont, impelido por la presión inercial de quienes se sitúan detrás de él en este asunto, llega a anunciar mismo la consulta -la fecha y la pregunta- no avanzará ni un milímetro hacia la Cataluña independiente pero si sumirá al Principado en un caos que inevitablemente lesionará a la sociedad catalana. En su integridad moral, en su dignidad política y en su bolsillo. Por supuesto, quienes así procediesen quedarían políticamente descalificados ante Europa, donde se recriminaría con dureza esta especie de golpe de mano que se anuncia.
La opción alternativa -ya se ha dicho- sería llevar el asunto al Parlamento español, al Congreso de los Diputados, y abrir un debate -se ha propuesto acertadamente la creación de una comisión ad hoc- durante un plazo de un año, en pos de una solución pactada al disenso. Y se sabe que si Junts pel Sí no convoca inmediatamente la consulta, la CUP dejaría caer al Gobierno de la Generalitat, pero la estabilidad podría pactarse: los 16 diputados del PSC, por ejemplo, podrían proporcionar la estabilidad parlamentaria necesaria hasta que correspondiera celebrar nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.
Si los diputados de PDeCAT y de ERC se activasen en el Congreso de los Diputados (hoy están al margen de los grandes equilibrios), podrían influir decisivamente en el juego de mayoría y minorías (de la misma manera que lo ha hecho el PNV con solo cinco escaños), y en este contexto el Partido Popular no seguiría llevando la total iniciativa como actualmente (aunque suyo es el gobierno de la nación). En definitiva, todas las posibilidades estarían abiertas, desde un cambio constitucional federalizante a un pacto fiscal pasando por innumerables soluciones imaginativas y creativas que calmaran la desazón catalana -muy justificada en muchos sentidos-, pulieran asperezas y abrieran caminos practicables de futuro en un marco posibilista y civilizado.
