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Pilar Garcés

El desliz

Pilar Garcés

Agencia de protección ¿de quién?

A una multa de 24.000 euros se arriesga Cort por investigar el "uso abusivo" de las tarjetas para aparcar gratis en los estacionamientos públicos por parte de algunos regidores de la oposición, y divulgar sus pesquisas. Qué fino se hila con la intimidad de algunos. Así será difícil frenar la corrupción a gran y pequeña escala.

Son las ocho de la mañana, son las tres y media de la tarde, son las nueve de la noche. Le llamo de la empresa XXX para ofrecerle un negocio redondo, consistente en una apuesta segura a siete números logrados con un algoritmo imbatible que usted efectuaría de forma colectiva si me facilita su cuenta corriente, sepa usted que un gran número de nuestros clientes ya se han hecho millonarios€ Son las nueve de la mañana, son las dos de la tarde, son las diez de la noche. Le llamo de ZZZ confírmeme que usted es (nombre, dos apellidos, DNI) le voy a hacer una encuesta que será grabada€ Colgar el teléfono a este tipo de gentes expeditivas que invaden el domicilio ajeno cuando y como les da la gana es uno de los pequeños placeres del día, máxime si va acompañado de un insulto de calibre grueso. Como todos los pequeños placeres, dura muy poco, no así la tortura de las continuas interrupciones del trabajo, el descanso o la vida en general que significan. Esta tortura no tiene fin, ni lo tendrá. ¿Cómo han conseguido un teléfono fijo que tú no usas, no das a nadie, y adorna una estantería solo porque entra en el pack de la tele? Ni idea. ¿Por qué te llega todo ese correo basura de empresas con las que jamás has contactado, si te guardas muy mucho de dar tu consentimiento para el uso de tu información personal en tu desempeño diario? Lo ignoro. Existe un ente llamado Agencia Española de Protección de Datos que no se ocupa de pequeñeces como las arriba relatadas, porque está para menesteres más importantes, como velar por el anonimato de quienes hacen un uso dudoso de los bienes públicos.

Hace unos meses, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Joan Ferrer, divulgó que se estaba investigando el empleo posiblemente fraudulento de algunas tarjetas gratuitas que se facilitan a los concejales para aparcar en los estacionamientos municipales. La empresa que los gestiona había detectado un uso "abusivo" de los pases personales de miembros de la oposición, "a horas intempestivas y durante días", motivo por el cual procedió a retirarlas, dando cuenta de ello al consejo de Administración, pero resguardando, afirma, información particular sobre matrículas, ocupantes u otros. Denunciada esta acción por PP y Ciudadanos, la Agencia de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cort que apareja una multa de 24.000 euros. Alucinante. O sea que un ayuntamiento no puede vigilar que los políticos disfruten sin propasarse de las prebendas relativas a servicios públicos con que cuentan por mor de su cargo. Un ayuntamiento puede llegar a embargar el sueldo de un ciudadano por una multa, pero no controlar que los propios ediles hagan uso racional de lo público, con los antecedentes de corrupción de sobra conocidos. Según la Agencia de Protección de Datos, un ayuntamiento debe velar por los intereses de los ciudadanos generalizando como en el chiste de Gila, "parece que aquí alguien se ha aprovechado de algo", y esperar sentado a que ese alguien se ponga colorado.

Con una protección de datos que hila tan fino con los de siempre, será difícil defender la investigación de asuntos que afectan a la vida privada de las personas como la herencia de los Pujol, los cumpleaños de los hijos de Ana Mato pagados por Gürtel o la economía doméstica de Urdangarin. Podemos ir cerrando la conselleria de Transparencia, pues toda la información que maneja merece ser tan sagrada y opaca como la declaración de la renta del presidente del PP, Biel Company.

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