La llegada a la cartera de Justicia de Rafael Catalá, dispuesto al parecer a adoptar algunas de las iniciativas reformistas ideadas por Ruiz Gallardón (especialmente el encargo a los fiscales de la instrucción de los procesos penales) y a controlar la fiscalía del Estado -y particularmente a la fiscalía anticorrupción- en un periodo en que el PP debía enfrentarse a duras pruebas por la sucesión de vistas sobre casos graves de corrupción, ha sido poco discreta o ha estado mal planteada porque está desembocando en un fracaso en toda regla, simbolizado en la recusación parlamentaria del ministro a mediados de abril, mediante una moción del PSOE que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, y que también reprobaba al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
El ambiente político está putrefacto en las estancias judiciales, y el clima maloliente no cesa sino que se agrava a cada nuevo descubrimiento. El último episodio grave, el encarcelamiento de Ignacio González que ha sacado a la luz todo un conglomerado repulsivo de latrocinios y complicidades, ha terminado de indignar a una opinión pública que se halla en estado de gran escepticismo y de clara indignación. La última encuesta de Metroscopia sobre la independencia de la Justicia publicada el pasado sábado constata que el 67% de los ciudadanos piensa que los fiscales anticorrupción no están pudiendo actuar con total libertad; que el 84% de los ciudadanos tiene la impresión de que los jueces están recibiendo presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción, y que el 64% de los electores opina que los jueces no logran actuar de forma imparcial e independiente. Si el Gobierno se creía que no nos habíamos dado cuenta de nada, estaba equivocado por completo.
Para controlar la fiscalía y renovar el equipo anticorrupción que se había creado en torno a Antonio Salinas, el Gobierno designó fiscal del Estado (en lugar de Consuelo Madrigal, demasiado técnica para entender estas maniobras) a José Manuel Maza, un magistrado de la Sala Segunda ideológicamente muy marcado porque cuando Garzón fue absuelto de un presunto delito de prevaricación por la apertura de un procedimiento sobre los crímenes del franquismo, Maza presentó un voto particular. Y Maza cometió el error de nombrar fiscal anticorrupción a Manuel Moix cuando ya se conocía aquella inefable conversación entre Ignacio González y Zaplana en que aquel, vigilado policialmente por sus fechorías, celebraba cálidamente el nombramiento de Moix. Ciertas actuaciones de este acabaron de desacreditarle, de forma que cuando se descubrió su conexión con Panamá, su marcha de la fiscalía ya no ofreció dudas.
En definitiva, todas estas vicisitudes ponen en un compromiso a Ciudadanos, partido que sostiene al PP pero que como es lógico pretende salir indemne del múltiple escándalo de corrupción de su socio, con lo que se debilita el núcleo de poder gubernamental. Además, los sociólogos políticos advierten de que esta penosa secuencia rebaja irreversible el techo electoral consolidado del PP, que apenas se sitúa algo por encima del 25%. Varios analistas bien informados auguran que tras la caída de Moix se producirá a no tardar la del propio Maza, al tiempo que el ministro de Justicia ve peligrar también su propia continuidad? Y, por descontado, lo ocurrido impide por completo cualquier reforma del modelo procesal penal, ya que el crédito de la fiscalía está en mínimos y no podrá recuperarse si no se procede a las reformas legislativas que minimicen la injerencia gubernamental (el modelo que dibuja la Constitución, por el cual el fiscal del Estado es nombrado por el Gobierno, es confuso y ambiguo). En definitiva, si el Gobierno quería aliviar la presión judicial que sufre por las pasadas desviaciones del PP, se ha equivocado absolutamente de camino.
