El sector del taxi se enfrenta a un futuro complejo, debido a las transformaciones impulsadas por las nuevas tecnologías y también a la creciente presión encaminada a liberalizar sectores pseudomonopolísticos y regulados, como las farmacias o los colegios profesionales. Ambos procesos parecen irreversibles. Por un lado, la revolución tecnológica ha llegado para quedarse y es inevitable que, en un plazo relativamente breve de tiempo, veamos operar en toda España -y no sólo en determinadas ciudades- alternativas al taxi como son Uber o CabifyUber Cabify. A medio plazo existe además el riesgo de que una creciente robotización del parque automovilístico -los coches con autopiloto- se imponga en las carreteras, a pesar de la amenaza real que supone para cientos de miles de puestos de trabajo en todo el mundo. Sin embargo, según señaló en su día la exvicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes, una ley universal nos indica que no queda más remedio que "trabajar con las innovaciones tecnológicas y no contra ellas". Por otra parte, tampoco podemos olvidar que la presión liberalizadora en las economías modernas es enorme y, aunque puede demorarse más o menos, difícilmente tiene vuelta atrás.

Todas estas transformaciones obligan sin duda a que los taxistas hayan de asumir una realidad nueva y cambiante, que efectivamente no es sencilla para el sector, como tampoco lo es en otros muchos campos profesionales. Pero este grave problema no se puede afrontar de un modo desordenado, caótico o incluso violento, como sucedió con los desafortunados incidentes del pasado día 25 de mayo en Son Sant Joan y que han obligado a la mayor patronal del taxi de Mallorca, la asociación de autónomos, a pedir disculpas formalmente. Es cierto que el sector se enfrenta en nuestra isla a problemas particulares, algunos de ellos dentro de la ilegalidad y especialmente dañinos, como sería el caso del intrusismo de los transportistas pirata, y otros -pensemos en el servicio de autobuses llamado a conectar el aeropuerto con las principales zonas turísticas- que forman parte de la necesaria racionalización del tráfico en nuestras carreteras. Pero eso no justifica en ningún caso las lamentables escenas que se vivieron en el aeropuerto y que sólo cabe tildar de inadmisibles. En primer lugar, porque una huelga ilegal, que no contó además con ningún tipo de servicio mínimo, convierte en rehenes a miles de ciudadanos. A lo cual se añaden, en segundo lugar, los conatos de violencia física y los graves alborotos acaecidos en el aeropuerto, que lógicamente dañaron de forma notable tanto la imagen del sector como la de Mallorca como destino turístico de calidad. El reconocimiento por parte del presidente de la patronal del taxi del error cometido debe ser el primer paso para encauzar un conflicto cuya solución exigirá dosis adicionales de inteligencia, diálogo y consenso.

Cabe considerar como un acierto el decreto aprobado recientemente por el Govern, que endurece en gran medida las sanciones contra el intrusismo en el sector y anuncia una rigurosa campaña de inspecciones en el aeropuerto con el objetivo de impedir la proliferación ilegal de los conocidos como "taxis piratas". Se trata, sin duda, de una medida en la buena dirección para calmar a un sector que seguramente se vea obligado en los próximos años a afrontar una difícil reconversión.