Diario de Mallorca

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Daniel Capó

Descuentos insulares

Hay que dar la bienvenida a las nuevas bonificaciones en los vuelos entre islas, aunque la sensación que queda es amarga: priman los intereses particulares sobre los generales

No sorprende el anuncio que realizó el presidente del Gobierno el pasado sábado en Inca. La inestabilidad parlamentaria, unida al regreso de Pedro Sánchez y al previsible conflicto del próximo otoño en Cataluña, augura una legislatura corta que tal vez no se prolongue más allá de uno o de dos presupuestos generales. A pesar de la recuperación económica -superior al 3% anual en el conjunto del Estado y al 4% en el caso concreto de Balears-, un profundo malestar sigue afectando a buena parte de la ciudadanía, con la corrupción política, la retórica inflamada de los populismos, el paro elevado y los bajos salarios como causas principales de esta ruptura de confianza. Rajoy sabe que debe medir sus pasos electorales y que cualquier error puede costarle unos cuantos escaños, incluso con la economía a favor. El ya famoso diputado canario permitirá, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, que los vuelos interislas cuenten con un 75% de reducción; los billetes marítimos, con un 50%; y que la subvención para el transporte de mercancías llegue al 65%, frente al 35% actual. La negociación con el diputado nacionalista de Coalición Canaria se limitaba al archipiélago atlántico, pero era inevitable que -con unas previsibles elecciones en el horizonte- el gobierno extendiera las bonificaciones a otras comunidades. Se trata además de un caso de justicia, si bien cabe dudar de que tales medidas sean efectivas. La experiencia con las subvenciones -recuerden el ejemplo de las desgravaciones fiscales aplicadas a la compra de viviendas- es que impulsan procesos inflacionarios en lugar de mejorar la eficiencia y la competitividad. Por tanto no sería de extrañar que, dentro de uno o dos años, los precios de los vuelos entre islas siguieran al alza a pesar de las nuevas ayudas y de los bajos precios del crudo. Seguramente, algún tipo de precio fijo habría sido más razonable. Más efectivo, desde luego.

Pero, más allá de las consecuencias inmediatas del anuncio hecho por Rajoy en el congreso insular del PP de Mallorca -insisto, positivo de entrada para los ciudadanos de Balears-, cabe preguntarse si esta clase de cambalaches presupuestarios tiene sentido o no. ¿Hasta qué punto se legisla y se construye un país a partir de negociaciones que no responden a las necesidades del conjunto y sí a estrategias coyunturales de poder? La sobrefinanciación del cupo vasco -renegociado de nuevo al alza- constituye un ejemplo manifiesto que se asienta forzosamente sobre la infrafinanciación de otros ciudadanos. Al final se entienden los desequilibrios fiscales: no es lo mismo una comunidad poco poblada y desperdigada que otra muy poblada y con gran densidad, no es lo mismo una comunidad con una renta per cápita por debajo de la media que otra con una renta muy por encima; pero no se comprende su falta de racionalidad ni su vinculación con un diputado decisivo o con cualquiera que juegue un papel crucial en un momento determinado. Si los apocalípticos hablan de una crisis sistémica de la democracia española -una crisis no medular, pese a quien pese- es en buena medida porque el crecimiento de las autonomías ha sido dispar y caótico, a golpe de urgencias parlamentarias, mal resuelto y presupuestariamente disparatado. Y con un efecto además perverso sobre la conciencia del país, al dar a entender que los intereses particulares priman sobre los comunes. Una realidad no muy lejana a ese cínico "sálvese quien pueda" que rige en sociedades poco maduras.

Sin mayorías estables, resulta inevitable que cualquier parche sea siempre presupuestario. Amparándose en el crecimiento económico, vuelve el gasto electoral y se aplaza de nuevo el saneamiento definitivo de las cuentas públicas. Queda por ver cómo nos afectará el retorno a las vacas flacas, cuando se termine este ciclo expansivo. Los números españoles no dan para muchas alegrías y menos aún cuando el dinero se reparte de forma poco eficiente para el conjunto de la ciudadanía. Nadie duda de que los isleños necesitamos que se tomen en consideración nuestras necesidades de un modo mucho más justo y equilibrado. Pero no como consecuencia de un intercambio de votos. La falta de racionalidad en política pavimenta las ineficiencias del futuro. Y a la larga abona el malestar. El cinismo no construye una democracia, aunque forme parte del juego democrático.

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