La pasada semana se celebró en Sitges, con menor asistencia de la habitual, la reunión anual del Círculo de Economía de Cataluña, a cuya clausura asistió, como es habitual desde 2004, Mariano Rajoy. Como los medios han divulgado, estuvieron también presentes los líderes independentistas que gobiernan la Generalitat, y que sostienen -ingenua o maliciosamente, es difícil saberlo- que Cataluña permanecería en la Unión si se desgajase de España€ Las sesiones fueron en general tensas, estuvieron cargadas de preocupación.
En medio de la polémica, el presidente del Círculo, una institución muy acreditada en Cataluña y fuera de ella, introdujo en su discurso de clausura, ante Rajoy, el siguiente enunciado: "De manera recurrente a lo largo de los últimos años, las encuestas de opinión reflejan un posicionamiento estable de los ciudadanos de Catalunya al ser preguntados sobre sus preferencias entre la independencia, el mantenimiento del statu quo o la búsqueda de un mejor encaje en España. Ésta última es la opción mayoritaria, muy por encima de las otras dos. ¿Es posible desde la política dotar de contenido esta vía?". Y añadió mirando a Rajoy: "Presidente, desde el Círculo le animamos a abrir esta vía".
Esta posición templada, mayoritaria sin duda en Cataluña -son muchos más quienes se sienten a la vez catalanes y españoles que quienes optan por una u otra identidad-, coincide con una encuesta publicada por la prensa madrileña este domingo, según la cual el 96% de los encuestados de Cataluña y el 77% de los encuestados en toda España cree que el proceso soberanista catalán ha sido mal gestionado por el gobierno del PP. En todo caso, una clara mayoría (el 60% de los catalanes y el 79% de todos los españoles) piensa que lo mejor es que el Gobierno de Cataluña opte por una estrategia negociadora (como en el País Vasco).
Antes de seguir adelante en este desarrollo, hay que poner de manifiesto que el soberanismo ha sido marrullero en sus planteamientos. Si bien es cierto que el proceso de elaboración y desmontaje de la reforma estatutaria de 2006 fue un gran despropósito que sacó a la luz alguna disfunciones graves del sistema -no es razonable que el Tribunal Constitucional intervenga después del referéndum de ratificación-, también lo es que el proceso estuvo influido por la vertiente catalana del estallido de una serie de episodios de corrupción, que ha puesto de relieve el oportunismo de buen número de "patriotas", se ha saldado con la voladura de Convergència i Unió e incluso ha sacado a la luz el desafuero de la familia Pujol, que, según todos los indicios, combinó el más refinado catalanismo con la más acendrada avidez dineraria, que le permitió acumular un gigantesco patrimonio sustraído a las arcas públicas de la sociedad catalana€ Por añadidura, la perversa alianza entre el nacionalismo democrático y la CUP ha llenado de sinrazón una demanda que no tenía, en cualquier caso, encaje constitucional. Ni en España ni en las grandes democracias del alrededor.
Sin embargo, tras poner en evidencia la desmesura del soberanismo, también hay que reconocer el derecho de los catalanes a perfeccionar su posición en el Estado, a disfrutar de un autogobierno mejorado, a colmar determinadas apetencias -culturales, educativas, financieras- que son perfectamente posibles en el marco institucional que nos dimos en 1978. Lo grave del conflicto actual no es sólo que haya un poderoso sector independentista en Cataluña, que probablemente no alcanza la masa crítica necesaria para ser operativo, sino que una mayoría muy clara de catalanes consideren francamente mejorable su relación con el Estado y exhiban argumentos sólidos que no son atendidos por quienes deberían gestionarlos, empezando por el Gobierno estatal.
No se trata, en fin, de persuadir a los soberanistas más inflamados de su (supuesto) error sino de calmar a la mayoría social que no se siente a gusto en su actual posición y está cada vez más inclinada a dejarse arrastrar por quienes predican la ruptura.
