La independencia de Cataluña que pretenden los soberanistas podría conseguirse sólo por dos caminos: mediante un proceso jurídico político ajustado al ordenamiento jurídico o a través de una ruptura abrupta y sin contemplaciones de la legalidad de consecuencias dramáticas, que resulta difícil de imaginar siquiera en un Estado democrático maduro como el español.
Pues bien: conscientes de que el camino jurídico-político, que requiere una reforma constitucional, es muy difícil de plantear y de muy improbable éxito, y ante la evidencia de que la otra fórmula es totalmente inadecuada, los soberanistas han urdido un bodrio jurídico intermedio que produce sonrojo por su rusticidad -impropia de quien fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, al parecer padre del engendro- pero que, además, preocupa por su insensibilidad ante algunos de los grandes derechos civiles que se ponen en cuestión, con una agresividad que ha dado pie a los principales partidos, al Gobierno Rajoy y a algunas asociaciones judiciales a utilizar la munición más gruesa al considerar totalitaria la propuesta y al relacionar el documento con un verdadero golpe de Estado.
Aseguran los promotores de la secesión que este documento, el proyecto de ley de Transitoriedad Jurídica, no es más que un borrador, y que ya ha evolucionado. La explicación no es precisamente tranquilizadora porque en esta clase de procesos de maduración y decantación se empieza plasmando sin miramientos el objetivo que se persigue y después se va modulando con el debido posibilismo. Y la norma en borrador, francamente, es indecorosa en muchos de sus extremos.
De entrada, ya es indecente que se trame un proceso legislativo parlamentario mediante el cual la mayoría matemática pueda sacar adelante una ley -de rango autonómico, por supuesto, porque el parlamento catalán no tiene otras facultades- sin debatirla siquiera con la oposición, sin someterla a enmiendas y sin ponderar éstas por si, por una de aquellas casualidades, la oposición tuviera razón en algún extremo. Sólo los regímenes dictatoriales -y en esto tiene razón la Asociación Profesional de la Magistratura, que así lo ha manifestado- desprecian los procedimientos en la acción legislativa, cuando en esta clase de regímenes depurados las formas son tan importantes como el fondo de las cuestiones.
Pero más allá de esta circunstancia, y de lo pintoresco que resulta que mediante una norma autonómica se pretenda modificar gran parte del acervo jurídico español y hasta la propia Carta Magna, hay determinadas prescripciones que producen franca inquietud. Por ejemplo, la ley de Transitoriedad eliminaría la división de poderes y tanto el fiscal general de Cataluña como el presidente del Supremo quedarían a las órdenes del presidente de la Generalitat. El castellano dejaría de ser oficial -con lo que Juan Marsé, pongamos por caso, se convertiría en un escritor "extranjero"-. Los policías y jueces deberían solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo€ No hace falta describir más elementos de este delirio que parece la pesadilla de una mala noche y no el bosquejo de una propuesta europea del siglo XXI.
El borrador planea celebrar un referéndum, seguramente porque en un rapto de lucidez sus autores han pensado que convendría dotar a su engendro de alguna legitimidad aparente al menos. Pero como no se puede permitir que un pequeño inconveniente destroce las grandes ideas, el texto dispone que si la consulta no puede llevarse finalmente a cabo, la independencia se declarará de todos modos, de forma unilateral y sin contemplaciones. Los principios rigen mientras son funcionales, y dejan de tener vigencia en cuanto empiezan a estorbar.
Un engendro de esta naturaleza caerá por sí solo porque la sociedad catalana es sobria, está bien instruida y ha dado pruebas históricas de cordura e inteligencia. Pero ayudaría mucho que las fuerzas estatales, con el Gobierno al frente, hicieran una propuesta de modernización del Estado que colmara aquellas aspiraciones legítimas que ha utilizado de argumento el soberanismo para lanzar su órdago.
