Para España, 2010 no fue un año cualquiera. Nuestro país se hallaba en el epicentro mismo de la crisis económica mundial y los temores a una suspensión de pagos eran incesantes. Las dificultades de financiación exterior, unidas a las amenazas de una intervención europea, obligaron al gobierno de Rodríguez Zapatero a aprobar un durísimo decreto que reducía el sueldo de los funcionarios, congelaba las pensiones, suprimía el denominado "cheque bebé" y ajustaba con rigor la inversión en infraestructuras públicas. El déficit presupuestario del Estado superaba el 10% del PIB y el miedo a un colapso generalizado de la banca y del sistema financiero protagonizaba diariamente las portadas de los principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Aquel mismo año, en la víspera del puente de la Constitución, el caos se adueñó del espacio aéreo español, obligando a cerrar buena parte del mismo. Una extraña epidemia cundió entre los controladores aéreos, que abandonaron masivamente las torres de control alegando no encontrarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para llevar a cabo su labor. Sin embargo, la impresión inmediata en la opinión pública fue que se trataba de una acción coordinada para encubrir una huelga ilegal. De fondo, el malestar del colectivo ante la sucesión de decretos y medidas del gobierno que abolían privilegios en el sector, reducían sueldos e incrementaban el cómputo anual de horas laborales. Hubo 300.000 pasajeros afectados, las pérdidas económicas fueron notables y finalmente el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, se vio obligado a declarar el estado de alarma y el Ejército del Aire acabó tomando el control del espacio aéreo nacional. Esta decisión gubernamental, con escasos precedentes en nuestro historia, se prolongó durante cerca de un mes, hasta que la normalidad regresó plenamente a los aeropuertos.

Poco después, se iniciaron varios procedimientos judiciales en contra de los controladores aéreos en todo el país. En su mayor parte, estas causas fueron archivadas, ya que los jueces consideraron que lo ocurrido carecía de relevancia penal. Y sólo en Madrid y Palma continuaron vivos los procedimientos iniciados, a la espera de su definitiva resolución. En nuestra ciudad, un total de 84 controladores aéreos se sentarán próximamente en el banquillo acusados de sedición o, a modo subsidiario, de huelga ilegal de funcionarios; acusaciones ambas muy graves ante las que los controladores han alegado tanto indefensión como un trato discriminatorio con respecto a lo decidido por los jueces en otros lugares de España. La Audiencia palmesana ha reconocido la especial complejidad de los hechos investigados.

En todo caso, hay que confiar que el juicio se celebre con absoluta normalidad, sin amenazas veladas ni alteraciones sobrevenidas en el tráfico aéreo. Es cierto que alrededor de un 40% de la plantilla de controladores de Baleares ha sido llamado a juicio, por lo que lógicamente resulta exigible tanto una buena planificación por parte de las autoridades competentes como el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los trabajadores. El fondo de la cuestión queda pendiente de un juicio que deberá aportar luz sobre lo que realmente sucedió en aquellos infaustos días de 2010, que provocaron un enorme -y justificado- malestar social y graves perjuicios personales y económicos a ciudadanos y empresas.