La noticia que llegó al público este pasado martes era gravísima: la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil ha emitido un informe en el que solicita investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. Según esta unidad policial, la investigación debería ser por su intervención en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", afirma taxativamente uno de los informes policiales aportados al caso Púnica. Un segundo informe ratifica las conclusiones del primero. El juez Velasco, encargado del caso, ha descartado de momento investigar a Cifuentes, o sea que no da crédito a la denuncia policial.
Las preguntas se le agolpan al ciudadano perplejo: si estas graves acusaciones responden a hechos ciertos, no se entiende que no sean gestionadas judicialmente; y si son una falacia, ¿no habría que actuar contra quien acusa tan imprudentemente y, además, filtra las mentiras a la prensa? ¿No habría que pedir cuentas a los autores de esta filtración claramente insidiosa? ¿Tiene el Gobierno -que es el poder ejecutivo— control sobre estas actuaciones policiales, o las unidades de investigación van sencillamente por libre? ¿No es lógico sospechar que este informe podría haber sido lanzadas por alguien en respuesta a las acusaciones de Cifuentes que han llevado a Ignacio González a prisión? ¿Podemos los ciudadanos vivir tranquilos con una policía que, según parece, se presta a turbios manejos políticos? Todas las preguntas son retóricas, obviamente.
