Santos Juliá, el especialista que escribió la historia definitiva del PSOE ( Los socialistas en la política española, 1879-1982, Taurus, 1997), publicaba este domingo -escrito por tanto antes del debate- un alarmado artículo, "La enfermedad senil del socialismo", en el que decía temer que se reproduzca aquel enfrentamiento irreductible en el seno del PSOE que tuvo lugar en los años treinta -los partidarios de Prieto contra los seguidores de Largo Caballero- y que tanto contribuyo al hundimiento de la República, asediada por el golpe de Estado militar que finalmente la derribó.
La propuesta de Juliá para evitar que la fractura se produzca y lograr que el partido no salte finalmente por los aires es bienintencionada: "Decretar una suspensión de armas, un armisticio, una tregua; sentarse a hablar por sí y con equipos ad hoc, de lo que les enfrenta; y firmar un compromiso con una cláusula según la cual el elegido en las elecciones para la secretaría general renuncia a presentarse como candidato o candidata a la presidencia de Gobierno". Con tal acuerdo -supone Juliá- tal vez quedaría un único candidato a la secretaría general, "el de menos avales, y los otros dos, jefes de facción, podrían dedicarse a calentar motores para postularse luego como candidatos a la presidencia del Gobierno, que es, en definitiva, a lo que aspiran".
La fórmula, que equivaldría a pactar la retirada conjunta de Sánchez y Díaz para que Patxi López se hiciera con la secretaría general, podría tener sentido si tan solo hubiera una disputa estratégica, basada en la discrepancia en torno a un dilema -el apoyo o no a la investidura de Rajoy-, pero, como bien se vio en el debate, el disenso es más grave y trasciende de ambos candidatos. Porque como también dice Santos Juliá en un rapto de objetividad que le honra, todo esto viene de que "una facción" del PSOE depuso al secretario general elegido por las bases y, en lugar de convocar un congreso extraordinario inmediatamente, se ha mantenido al frente del partido a través de una gestora de dudosa legalidad, ya que todo ello se ha hecho al margen de los estatutos, "como un acto de fuerza que arruinó cualquier posibilidad, si alguna quedaba, de resolver por medio de un debate, que habría debido celebrarse en el órgano competente, sobre una decisión trascendental para el Gobierno del Estado: si podía mantenerse aquel "no es no" aprobado en otro comité federal y que abocaba necesariamente a unas terceras elecciones".
Hoy, lo que se dirime ya no es el apoyo o no a la investidura de Rajoy sino el principio de legalidad, la operatividad de unas primarias, el desenlace, en fin, del "mal paso", "por decirlo suavemente", que dio una facción sobre la otra. Como Juliá señala, inicialmente, el "no es no" a Rajoy no era una bandera de Sánchez frente a otro sector del partido sino el mandato del comité federal al secretario general? El golpe de mano no hubiera sido necesario para alterar aquella posición: hubiese bastado con que los partidarios de facilitar la gobernabilidad se hubieran atrevido a proponerlo y a votarlo.
No debe temer, pues, Santos Juliá que la disputa socialista se vuelva profundamente ideológica porque no hay verdaderas discrepancias al respecto: ni Sánchez es un radical dispuesto a abrazar al PCE; ni está en juego el apoyo a la autodeterminación de Cataluña, que nadie defiende; ni con uno o con otro cabe una relación fluida con Podemos mientras Iglesias mantenga esa arrogancia huera que colma su ego. La verdadera disputa tiene oscuras raíces partitocráticas: algunos sargentos chusqueros no digirieron que la autonomía del aparato quedase ahora mediatizada por la soberanía de la militancia. Y cuando los viejos partidos sufren en Europa el ostracismo a que les han conducido sus propios errores, aquí los representantes genuinos del viejo PSOE quieren que todo siga igual. Como si el bipartidismo no se hubiera desmoronado en su propia salsa de inoperancia, oligopolio y corrupción.
