La economía española, según el INE, se acelera y crece en el primer trimestre un 0,8% (por encima del 0,7% del último de 2016). Luis de Guindos aseguró que en la actualización del programa de estabilidad de España, remitido a Bruselas, se prevé un crecimiento medio del PIB del 2,5% en los próximos cuatro años, incluido 2020, y una creación de empleo “muy intensa”, con medio millón anual de nuevos ocupados.
La mejora de las previsiones de crecimiento y de descenso del desempleo sin duda son buenas noticias, pero no son pocos los expertos que consideran que el cálculo del PIB (producción, recursos, renta) tiene sus limitaciones. Este indicador es muy útil para determinar qué variables son las adecuadas para el crecimiento macroeconómico pero no alcanza a determinar cómo y cuándo repercute en la red productiva “micro” y en los ciudadanos. Una mejora del PIB no implica automáticamente progreso social. Por tal razón la ONU incluye, entre otros parámetros, el Índice sobre Desarrollo Humano y, a su vez, la UE elabora el Índice de Progreso Social, que se obtiene en base a tres dimensiones: 1) necesidades humanas básicas, 2) pilares del bienestar y 3) oportunidades reales. Abarca temas tales como acceso a la vivienda, a la educación (incluida la superior) o a la sanidad, la estabilidad laboral, la seguridad personal, los entornos medio ambientales, etcétera.
Refriéndose al conjunto de España, el ministro mencionó los tres factores de este elevado crecimiento: la competitividad, el saneamiento del sector financiero y el fin de la inestabilidad política. De Guindos no incluye ningún indicador referido a parámetros de progreso social y, además, pasó por alto un detalle: una parte de la bonanza del crecimiento se ha debido al entorno favorable, viento de cola, de los índices macroeconómicos de nuestro entorno, incluida la compra masiva de deuda por parte del BCE y el bajo precio del petróleo… Pero el modelo productivo, ¿es competitivo? Seguimos expulsando todo lo que huela a I+D+i, el saneamiento financiero nos ha costado más de 40.000 millones sin retorno, la inestabilidad política sigue coleando con un PP en minoría y una corrupción galopante dificulta o impide llegar a acuerdos.
Aterricemos en nuestra comunidad. A pesar de ser líderes en actividad turística, estamos ubicados entre las comunidades con menor progreso social (según la UE, somos la segunda comunidad española con un menor Índice de Progreso Social, después de Andalucía). Los expertos lo atribuyen a la precarización laboral y la desigual distribución de la riqueza, y así se lo expresó a de Guindos el secretario general de la OCDE. No pretendo ser ave de mal agüero, pero a pesar de positivas iniciativas como la mejora de producto y la prolongación de la temporada, seguimos anclados en la estacionalidad sin propiciar otras actividades productivas con menos carga estacional. Y aunque se perciben síntomas de cierta mejora el desempleo está vivo y coleando: casi 90.000 desempleados a finales de abril, a los que hay que sumar la innegable precariedad.
Se acaba de publicar la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2016, que debería ser analizada con la máxima atención por parte del gobierno y de los agentes económicos y sociales. Según la ECV, el umbral de riesgo de pobreza se sitúa en unos ingresos anuales de 8.011 euros en hogares de una persona y de 16.823 euros para hogares de dos personas adultas y dos menores. A partir de este indicador se describen las siguientes situaciones: 1. El 15,5% de la población (o el 19,1% según el indicador Arope que incorpora elementos de calidad en el empleo ) está en riesgo de pobreza, es decir, tienen unos ingresos que no alcanzan el umbral de riesgo de pobreza. 2. El 14,1% y el 13,4% de hogares tienen, respectivamente, muchas dificultades y bastantes dificultades para llegar a fin de mes. 3. El 7,1% de hogares no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (es decir, sufren pobreza energética). 4. El 28,6% de hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (ni siquiera las derivadas, por ejemplo, de una enfermedad). 5. El 12,1% de hogares han tenido problemas en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, etc). 6. El 38,9% no puede permitirse ir de vacaciones ni una semana al año. 7. Casi el 1% no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En definitiva, la ECV de 2016 nos muestra que la de Balears es una sociedad en la que todavía hay demasiados riesgos de pobreza y/o exclusión y excesivas carencias materiales para hablar de superación de la crisis social.
En definitiva, bien llegados sean los buenos augurios del PIB, pero algo falla si el crecimiento del PIB o la reducción del paro registrado no son sinónimos de más y mejor cohesión social y de reducción de desigualdades.
