Los pensionistas han incrementado este año su pensión un 0,25%, en virtud de la reforma del sistema impulsada por el gobierno Rajoy al calor de la crisis durante la pasada legislatura, y ello significa que, ya que el IPC interanual fue del 1,6%, la pérdida de poder adquisitivo de los pasivos ha sido del 1,35%. Nadie ha levantado la voz con verdadera potencia para protestar ante este empeoramiento del nivel de vida de los pensionistas. Ante una bajada que será habitual anualmente ya que ha desaparecido incluso de los programas de la oposición el indexar de nuevo las pensiones a los precios. Al parecer, el objetivo de que quienes han trabajado hasta el límite de sus fuerzas por el desarrollo del país sobrevivan dignamente y con estabilidad a costa de un sistema de previsión social convenientemente alimentado por la sociedad activa ha pasado a ser un designio utópico que ya sólo esgrime algún progresista trasnochado. Y, sin embargo, habría que preguntarse qué clase de revolución moral hace digerible una decisión tan pusilánime como esta cuando a comienzos del milenio todos considerábamos que este país próspero debía portarse bien con las generaciones en declive, que habían sido después de todo las que habían traído con su esfuerzo la prosperidad.
Pues bien: nuestra Seguridad Social mantiene hoy un déficit del orden de 17.000 millones de euros anuales, que ha sido en los años recientes enjugado con recursos procedentes del Fondo de Reserva, formado previsoramente en los años de vacas gordas pero en el que apenas quedan ya 15.000 millones de euros. Y en los presupuestos para 2017, actualmente en tramitación, se prevé que el Estado dedique 37.300 millones de euros al pago de las pensiones, casi la cuarta parte de los 156.600 millones que las distintas Administraciones dedicarán a sufragar las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad discapacidad y clases pasivas. La cantidad aportada por el Estado se desglosa así: 14.000 millones a financiar las clases pasivas, 13.100 millones para complementos a mínimos y 10.200 millones de un préstamo a la Seguridad Social, que inevitablemente será contabilizado como déficit (el resto de los recursos necesarios, hasta los aproximadamente 17.000 millones de déficit, será cargado previsiblemente al Fondo de Reserva).
La Airef ya ha advertido de que el crecimiento previsto del PIB del 3% y el incremento del empleo no paliarán el déficit de la Seguridad Social, por lo que ha urgido al Pacto de Toledo a tomar decisiones€ Pero la sugerencia se interpreta como la expresión de la necesidad, que a algunos nos parece inaceptable, de reducir las pensiones para que el sistema sea "sostenible". Cuando lo exigible es introducir reformas para financiarlo mejor; reformas que deben comenzar por los estímulos demográficos -Francia, por ejemplo, tiene una tasa de natalidad muy superior a España o Alemania, por lo que su problema es menor- y que deben proseguir por el sistema de financiación, de forma que se mantengan la calidad y la cuantía y se efectúe un mejor reparto. Sin renunciar a dedicar a pensiones una fracción mayor del PIB (España dedica el 11,5% del PIB frente al 15% de Francia o el 16,5% de Italia).
Macron, por ejemplo, está proponiendo en el país vecino el cambio del actual sistema de reparto, basado en cotizaciones sociales, por un sistema nacional de puntos (se acumula un patrimonio según los años, condiciones, etc.) en una especie de capitalización nacional, a cargo del Estado€ En España, no podemos reducir el problema a calibrar cuánto hemos de bajar las pensiones para que el sistema sea sostenible. Ya se sabe que la UE presiona para ello y para que se retrase todo lo posible la edad de jubilación€ Pero no es lícito renunciar a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar, que concierne además a los que ya no tienen capacidad de defenderse de las trapacerías de una clase política crecientemente desacreditada.
