Se cuenta del almirante Carrero Blanco -máximo colaborador de Franco durante muchos años- que era un hombre tan íntegro y ahorrador que apuraba al máximo las gomas de borrar y los bolígrafos y las cintas para archivar legajos, sólo por el deseo de evitar gastos innecesarios de dinero público. Muchos de sus colaboradores, acostumbrados a tratar el dinero público con la desenvoltura de quien se cree que ese dinero es suyo por razón de su cargo, se quedaban atónitos cuando lo veían recorrer los pasillos de la Presidencia del Gobierno como si fuera un ordenanza, apagando las luces de los despachos que estaban vacíos y que nadie se había acordado de apagar. "Hay que ahorrar, hay que ahorrar".
Hoy en día sería muy difícil encontrar un ejemplo así entre los políticos en activo, y si se comparase la conducta de Carrero Blanco con la diabólica frivolidad con que se ha manejado entre nosotros el dinero público -basta pensar en el PP madrileño-, habría que concluir que Carrero Blanco era una persona ejemplar. Y quizá lo fuera en cuanto a integridad personal, de acuerdo, pero no hay que olvidar que el régimen al que servía era un régimen criminal en el que se condenaba a muerte por razones políticas y en el que no había libertades ni derechos de ninguna clase. De modo que esa honradez personal no servía de nada porque estaba al servicio de un sistema político que era en esencia injusto y corrupto. Y cosas mucho peores.
Lo digo porque mucha gente cae en la tentación de tomar la parte por el todo en los casos más flagrantes de corrupción. Y al final, esa gente acaba llegando a la conclusión de que el sistema está podrido de arriba abajo porque muchos de sus representantes se han comportado de forma vergonzosa, manipulando jueces y policías y amenazando y chantajeando a los testigos con métodos mafiosos. Y sí, todos sabemos que los casos del PP de Madrid ponen los pelos de punta por la clase de conductas que se están sacando a flote. No es exagerado hablar de una banda criminal, para nada. Y es comprensible que mucha gente, harta de pasar apuros y de vivir con dificultades, se sienta asqueada y piense que cualquier cosa sería mejor que el sistema político que tenemos. Y por eso va creciendo el deseo, sobre todo entre los jóvenes, de derribar por completo el sistema actual y sustituirlo por un régimen nuevo: el régimen de la pureza política y la transparencia sin límites y la incorruptibilidad garantizada por una especie de antivirus moral de funcionamiento automático. Eso que se suele llamar "la segunda Transición". En otras palabras, dinamitar el "régimen corrupto del 78" y sustituirlo por uno nuevo en el que no exista la corrupción, claro que no, ni tampoco el desempleo ni la injusticia ni el machismo, ni mucho menos la precariedad laboral ni la escandalosa falta de libertades que ahora padecemos.
Todo maravilloso, claro que sí, aunque también improbable. Porque lo que nadie dice es qué clase de controles -administrativos, políticos, judiciales- se aplicarán en ese futuro régimen en el que por arte de magia no existirá la corrupción ni la deshonestidad ni la falta de transparencia. ¿Quién nombrará, por ejemplo, al fiscal general del Estado? ¿Y a los jueces de la Audiencia Nacional? ¿Y a los del Tribunal Supremo? ¿Existirá el secreto de sumario que ahora prácticamente no existe, aunque eso sea ilegal, al menos sobre el papel? ¿Tendrán que devolver el dinero de lo que han robado todos los condenados por corrupción? Pues bien, de momento no sabemos nada de todo eso. Y sólo se nos promete que bastará sustituir a unos políticos venales y corruptos por otros virtuosos e incorruptibles para que las cosas se solucionen por sí mismas. O dicho de otro modo, si acabamos con el régimen corrupto, la corrupción desaparecerá por sí misma.
El argumento es tan pueril que da hasta risa, pero lo asombroso es que funciona y mucha gente se lo cree. Porque la persona honesta que llega al poder se ve sometida a tantas presiones y a tantas amenazas (sutiles o brutales), que muchas veces no tiene más remedio que aceptar la conducta deshonesta que ve a su alrededor, e incluso acaba imitándola porque de un modo u otro se ve obligado a ello. Y por eso mismo es imprescindible que haya una serie de controles administrativos -y toda una cadena de contrapesos legales y judiciales- que hagan muy difícil que esas conductas se produzcan. Y si no es así, la corrupción existirá. Sea cual sea la ideología del político que ocupe el poder.
Ahora mismo, en el Parlamento, hay votos suficientes para crear una legislación que imposibilite en gran medida los casos más notorios de corrupción. PSOE, Podemos y C´s podrían pactarla sin problemas. Y con la debilidad parlamentaria del PP, esa legislación se podría poner en marcha de forma inmediata. Pero nadie habla de ello y nadie se lo plantea. Enhorabuena.
