El escándalo protagonizado por dos catedráticos de la UIB, investigados bajo la imputación de estafa, salpica también a organismos e instituciones que, en años pasados, prefirieron mirar hacia otro lado, convirtiendo en rabiosamente actual la certeza (Chesterton) de que la tentación permanente es ser bajos y mezquinos; tanto los protagonistas como quienes los han cobijado aun a sabiendas de sus turbios manejos.
Escribá y su colega Xavier Busquets, al parecer se lucraban con la venta -Fundación Lipopharma mediante o de tapadillo por otros cauces- de un par de compuestos con efectos curativos o paliativos nunca demostrados: para la enfermedad de Alzheimer y, caso del Minerval, de supuesta eficacia en el tratamiento del glioblastoma, un tumor cerebral del que fallecieron los cinco afectados que, como se ha publicado, consumieron el producto. Llueve sobre mojado, y es que utilizar a los enfermos como objetivo es una indignidad que puede derivar en pingües beneficios como se comprueba también en otros casos, sin que los precedentes parezcan servir para filtrar las ocurrencias de los sinvergüenzas que les sucedan.
Quizá muchos recuerden, hará cosa de quice años, el eco que obtuvo -tras ser publicitado por el propio Colegio de Médicos en Mallorca- un invento del también catedrático (¡curiosa coincidencia!) doctor Pezzuto. Se trataba del llamado PF2, al que atribuían propiedades anticancerígenas sin constatación alguna y que, comercializado en forma de jarabe conocido como "Inmuno PSF", fue finalmente declarado ilegal por la Agencia Española del Medicamento (AEM). Ignoro si a día de hoy se ha dictado prohibición por lo que hace al uso terapéutico de sustancias con parecidos avales: lavativas de café, ingesta de "hongos del sol" o de la propia meada, como algunos aconsejan, para aprovechar sus antígenos, aunque todavía recuerdo con pesadumbre a la niña afecta de un tumor renal curable por cirugía, pero que los padres prefirieron trasladar a la India y obligarla allí a ingerir su propia orina hasta que falleció.
Sin embargo, no es preciso acudir a las que llaman los peor informados "terapias alternativas" para ejemplificar inmoralidades similares a la que estos días planea sobre la UIB. El llamado Bio-Bac fue también una estafa disfrazada de medicamento oncológico (con algún que otro defensor en nuestra isla), comercializado en Córdoba por la familia Chacón, propietaria de la farmacia El Globo, y que terminó con el procesamiento de padre e hijo. A mayor abundamiento, el físico Antonio Brú divulgaba en Madrid, una década atrás, la actividad frente a tumores hepáticos de un producto (factores estimulantes de colonias) utilizado en clínica aunque no para la indicación que él apuntaba, sin base alguna como dictaminó finalmente el ministerio de Sanidad tras la negativa de Brú a someter la hipótesis a una metodología científica que también se echa en falta para el agente antialzheimer o el Minerval. Por tal motivo, cualquier afirmación sobre su efectividad para la curación o siquiera la paliación es, como en los casos mencionados, embuste que no debiera ser confundida con un punto de vista, máxime cuando coincide con los intereses económicos de sus promotores.
Es oportuno subrayar, para los menos versados en estos asuntos, que cualquier sustancia o compuesto, tras los oportunos estudios de laboratorio y preclínicos, debe analizarse en el contexto de ensayos, con fases (I a IV) perfectamente establecidas y que, de administrarse a enfermos, precisarán del llamado "consentimiento informado" e informe favorable por parte de un comité ético de investigación clínica. Los estudios de fase I a III (I: vía de administración, dosis adecuada; II: comprobación del beneficio sobre la patología en cuestión; III: comparación con el tratamiento estándar al que podría complementar o sustituir), pueden precisar la inclusión de millares de enfermos y años de seguimiento antes de la pronunciación definitiva, pero son ineludibles y sólo tras un fase III concluyente (la fase IV, de control a largo plazo, en ocasiones se planifica con el fármaco ya en el mercado), la AEM podrá aprobarlo. Pues bien: para los productos que se vendían en la propia UIB o a través de agentes interpuestos, no se ha seguido ésta obligada metodología más allá de la alusión por parte de Lipopharm a "un estudio clínico en pacientes con tumores avanzados". ¿En qué fase? ¿Qué tumores? No existe, hasta donde sé, publicación alguna con los resultados de un estudio comparativo en fase III, de modo que la dispensación de esas sustancias es ilegal y, frente a dicha evidencia, que la UIB decida suspender de empleo aunque no de sueldo a los encausados, abunda en el reprobable guante blanco con que se ha venido manejando, por parte de las instituciones, un timo cuyo rastro se remonta a años atrás, sin que la universidad se diese por enterada ("no conseguimos evidencias", se excusan) ni el Colegio de Médicos, advertido en 2015, se tomara la molestia de investigar el uso de dichos productos, sin garantía alguna y a espaldas de sus colegiados.
Se trata, por resumir, de una infamia más, rentable merced a la ansiedad de unos enfermos y familiares dispuestos a lo que sea por cimentar la esperanza. Otro hito en la línea de los engaños sanitarios con "productos milagro" y una adecuada red de complicidades. De nuevo, la conocida e ignominiosa cadena para el oprobio de todos.
