Hará unos cuantos años publiqué una columna titulada "No sea tonto, vote nacionalista" haciendo alusión irónica a la realidad del insoportable reparto del gasto estatal fijado en los presupuestos generales del Estado. Como siempre, se ha vuelto a repetir en el proyecto de presupuestos para 2017. Las comunidades más favorecidas han sido Andalucía, con 1.156 millones de euros; Cataluña, con 1.149; Madrid, con 1.005; y Castilla y León con 991. Balears, con 148 millones, sólo ha sido superada en menor inversión prevista por Navarra, con 79, La Rioja, con 75,5, Melilla, con 37,1, y Ceuta, con 29,5. La única comunidad que ve aumentada la inversión respecto a 2016 es Canarias, que se llevará 270,3 millones.
Lógicamente, uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora del reparto es la población. Y eso podría explicar el porqué Andalucía y Cataluña, además de Madrid y Castilla y León, cuentan siempre con las cuantías más elevadas de la inversión del Estado. Pero parece que no es éste el factor decisivo si examinamos la inversión por habitante. Fijémonos en el período del segundo gobierno de Zapatero. Los valores promedio entre 2008 y 2011 de algunas comunidades: Castilla y León, 873 euros por habitante; Asturias, 814; Andalucía, 491; Cataluña, 470; Canarias, 266; Balears, 226. Los valores promedio entre 2012 y 2015, gobierno de Rajoy: Castilla y León, 621 euros por habitante; Asturias, 363; Andalucía, 212,4; Cataluña, 155,9; Canarias, 127; Balears, 97,7. Lo cual induce a creer, aun con la reducción debida a la crisis económica y la política de austeridad, que otros factores además de la población son decisivos. Pero en el caso de Balears, a la cola en gasto por habitante, una comunidad de cuatro islas, donde no existe AVE, el agravio es evidente. La asignación entre uno y otro período está directamente influenciada por el partido del gobierno. Y en lo que se refiere a 2017, que Canarias sea la única comunidad en la que crezca la inversión sólo se explica por el hecho de que el voto de Coalición Canaria sea decisivo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
La aséptica conclusión, es que el reparto del dinero de todos no se efectúa de acuerdo con criterios objetivos o en función del estado de necesidad de cada comunidad, sino con criterios políticos partidarios. Pero no únicamente en función del interés político del gobierno de turno, haya sido del PSOE y del PP, sino como resultante casi obligada del sistema político español y de su sistema electoral proporcional de listas cerradas y bloqueadas; con listas desbloqueadas sería igual. Las comunidades más favorecidas por los presupuestos, en general, son aquellas que cuentan con más diputados en el Congreso de los Diputados o las que disponen de un partido del ámbito de la comunidad autónoma cuyos votos son fundamentales para la aprobación de los presupuestos. Durante toda la etapa del gobierno del PSOE y del PP, en que los votos de CiU eran imprescindibles para su aprobación, Cataluña se vio beneficiada por el reparto. Cuando los nacionalistas catalanes se echaron al monte del independentismo dispararon el valor de los diputados de Coalición Canaria, que ya habían sido necesarios en la época de Zapatero. ¿Por qué entonces los diputados del PSOE y del PP de Balears no se han plantado ante los gobiernos del PSOE y del PP? Si lo hacían se veían expulsados de su partido y finiquitada su carrera política. Cabría pensar que podrían arriesgarse para defender los intereses de los ciudadanos a los que representan. Esto sería así en un sistema político donde los diputados representan a sus electores. En el nuestro, no; porque los diputados no representan a sus electores más que desde el punto de vista formal; en realidad a quienes representan es a los dirigentes estatales de su formación política que les han puesto en al lista. Y esto ocurre también en Podemos y Ciudadanos. Lo decisivo para los dirigentes partidarios no es la defensa de un proyecto político, sino la consolidación de su carrera política personal. Y por eso no están en absoluto dispuestos a sacrificarla en pos de la defensa de sus, sólo teóricamente, representados.
Así llegamos al absurdo, para un ciudadano corriente de una comunidad como la nuestra, sea conservador, liberal, socialdemócrata, constitucionalista, de que para defender una mejor financiación de la misma, así como un mejor reparto de las inversiones del Estado, debería votar o bien, en su momento, a un partido nacionalista corrupto, como UM; o a un partido soberanista partidario de la independencia, como Més. Es decir, contra sus propias convicciones. Cuando un sistema político conduce a esto es porque no sirve, porque la representación política que surge de su sistemas electoral no se corresponde a los electores que la han votado. El sistema electoral mayoritario de circunscripción uninominal evita esas disfunciones graves. Por mucho que Trump amenace a los representantes republicanos en el Congreso estadounidense que se han opuesto a la ley que proponía sustituir al Obama Care, éstos sólo responden ante sus electores y su reelección de ellos sólo depende. Si los diputados de Balears fueran elegidos por circunscripción uninominal, después de un proceso de primarias en cada partido en la que votaran todos los ciudadanos que se inscribieran como votantes de cada uno de aquéllos, no solamente podrían elegir a los que les parecieran más adecuados, sino que tendrían libertad de voto en todas las leyes, incluidos los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la razón por la que todos los partidos de ámbito estatal se aferran al sistema electoral proporcional de listas? Porque las listas, sean cerradas o abiertas, confieren a quienes al final deciden sobre ellas, las cúpulas partidarias, el control centralista sobre la política. Al final es una minoría partidaria la que controla la política española. Para los defensores del statu quo hay dos motivaciones no confesadas que justifican este enroque; la primera es que el poder en el partido asegura el poder institucional; la segunda es el temor, justificado o no, a que la ausencia del control central pudiera derivar en un fortalecimiento de las tendencias disgregadoras, siempre presentes en la tradición española. El ejemplo del constante y adolescente romanticismo catalán, el golpe de 1934 y el que auspicia Junqueras para 2017, refuerza el statu quo, dificulta el cambio.
Al final, básicamente, la política consiste en la articulación de cómo se reparte el dinero. Pero la promesa del dinero por el gobernante de turno, como ha hecho Rajoy con la promesa de invertir 4.000 millones en Cataluña no resuelve el problema de la mala articulación. Los partidarios del independentismo no van a dejar de serlo por promesas de inversión del Estado. Quizá algunos, no se sabe, dejarían de serlo si se ofreciera al conjunto de la población un proyecto colectivo y un sistema político en el que se vieran representados. Donde fuera imposible que un presidente del gobierno y del partido que lo sustenta tuviera que ser citado como testigo y no como encausado en la corrupción generalizada de la organización que ha dirigido. Y aun así, ¡menuda la que se ha armado, a un testigo no se le es permitido mentir!
