Una de las precondiciones innegociables que Ciudadanos impuso al Partido Popular para plantearse su apoyo a la investidura de Rajoy fue la reforma de la ley electoral vigente desde 1977 con el fin de hacerla más proporcional. La medida número 97 de las 150 acordadas más tarde comprometía a las partes a "impulsar, en el marco del "pacto de Estado por la regeneración y la calidad de la democracia", una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales. El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada".
Como consecuencia de aquel acuerdo, el 30 de marzo pasado, a instancias de Ciudadanos pero también del PSOE, el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una subcomisión para la reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con un temario abierto que recogía la declarada intención de mejorar la proporcionalidad del actual sistema, pero también otros asuntos que han aparecido recurrentemente como el desbloqueo de las listas o el voto exterior (la última reforma, que implantó el llamado voto rogado, ha ofrecido un resultado desastroso, con una fuerte bajada de la participación de los residentes en el extranjero). La subcomisión, que ha terminado siendo apoyada por todos los grupos menos por el PNV (y por razones operativas), emitirá un dictamen que será elevado a la comisión constitucional, que es la que podrá impulsar o no las reformas sugeridas por la instancia inferior.
La reforma de la ley electoral es un tema recurrente que asoma de tanto en cuanto y que es vital para las "bisagras". El CDS de Adolfo Suárez, que padeció los rigores de la ley vigente, enarboló la bandera de la reforma, sin éxito alguno. Y ahora hace lo propio Ciudadanos, que es la formación más perjudicada por el modelo actual. Para entender hasta qué punto Ciudadanos necesita el cambio, basta constatar que en las últimas elecciones generales de 2016 cada diputado del PP requirió 57.963 votos, en tanto Ciudadanos necesitó 98.156 votos para cada escaño (64.047 votos necesitó el PSOE). Podemos, que se presentó fraccionado, está en situación parecida a Ciudadanos pero no protesta porque pretende el ´sorpasso´, como es conocido (otra cosa es que lo logre alguna vez).
Pero el argumento tiene su envés: el mismo afán que experimenta Ciudadanos por lograr un incremento de la proporcionalidad lo tienen PP y PSOE por no consentirlo. Como acaba de recordar Carles Castro, PP y PSOE han conseguido holgadas mayorías absolutas con porcentajes de votos levemente superiores al 40% de los votos, y no van a cambiar voluntariamente las reglas de juego. Así las cosas, no es imaginable que prospere una propuesta de cambio de la ley de d´Hondt por otra fórmula más proporcional. Si se quiere una reforma con ciertas posibilidades de éxito habría que proponer un sistema totalmente nuevo, que resultara más perfecto y enriquecedor.
Por ejemplo, el sistema alemán, en que 299 escaños de la cámara baja son cubiertos por el sistema mayoritario (el elector vota a un candidato y obtiene el escaño el más votado en cada distrito; son los mandatos directos) y otros 299 por el sistema proporcional (el elector vota a una lista de partido; son los mandatos totales). La fórmula ofrece un dibujo muy realista de un país complejo, y es mucho más sutil y expresiva que la que manejamos aquí, cargada de defectos. Pero tampoco será fácil generar un consenso en su favor.
