Los presupuestos para 2017 persiguen el inalienable objetivo de concluir el ajuste económico hasta alcanzar al final del ejercicio un déficit del 3,1%, para lo cual es preciso recortar 14.250 millones de euros. Tal objetivo, que cuenta con la actual bonanza económica que permitirá una recaudación levemente superior a los 200.000 millones de euros (un 7,9% más que en el ejercicio anterior), se conseguirá gracias -entre otras medidas- a un nuevo y espectacular recorte de las inversiones en infraestructuras, que según Hacienda alcanzará el 20,6%. El Ministerio de Fomento y entidades dependientes dispondrán de 8.969 millones, el 45% de lo finalmente ejecutado en 2016 (año en que el Gobierno estuvo en funciones), el 11,6% menos de lo presupuestado inicialmente para 2015 y el 6,1% menos de lo que finalmente se fijó tras el acuerdo de no disponibilidad para cumplir los objetivos de déficit.
Los agravios comparativos -de Andalucía, Valencia, etc.- han asomado enseguida, en prueba de la falta de sensibilidad de quienes han efectuado el provisional reparto. Quizá, además, a la hora de repartir tan exigua partida sería conveniente abrir un debate sobre si no estaremos empobreciendo materialmente al país con esta reducción drástica tanto de las nuevas infraestructuras como de la conservación de las ya construidas, pero hoy parece políticamente más urgente examinar la cuestión catalana a la luz de estas cifras. Porque Rajoy acaba de prometer solemnemente en Cataluña más de 4.200 millones hasta el 2020 para poner en marcha grandes proyectos constructivos, y lo ha hecho se supone- con la saludable intención de poner de manifiesto ante la sociedad del Principado que el Estado está muy pendiente de las necesidades y de las conveniencias de los ciudadanos del Principado.
Dichas promesas chocan frontalmente con las cifras. La prensa solvente de Cataluña ha analizado la situación en estos términos: "el gasto [de todo el Estado] regionalizable se ha recortado un 22,7%, al pasar de los 11.128,2 millones previstos en el 2016 a los 8.597,4 millones de este año. En este marco, Cataluña tiene consignada una inversión por valor de 1.149,58 millones de euros, lo que supone un descenso respecto al 2016 del 2,5%. Pese a ello gana peso este año sobre el total, al suponer el 13,4% de la inversión regionalizable, frente al 10,6% del 2016. Pero sigue estando por debajo de los niveles logrados en el periodo del 2008 al 2011, cuando se situó ligeramente por encima del 15%. Un año más, [...] los presupuestos generales del Estado incumplen el compromiso de consignar una inversión estatal equiparable al peso de la comunidad autónoma en el producto interior bruto, que es del 19%. Tampoco alcanza su peso en cuanto a la población, que es del 16,2%".
Y, por supuesto, a este ritmo, las promesas de Rajoy quedarán de nuevo en papel mojado, como ya se han apresurado a poner de manifiesto diversos actores políticos y económicos de Cataluña. No se entendería un trato de ventaja (ni a Cataluña ni a nadie) pero tampoco es inteligible que se prometan dádivas con fines pacificadores? que se desmienten en la práctica pocas semanas después. Gobernar no es pronunciar discursos sino tomar decisiones, empeñar la palabra, cumplir las promesas y explicar muy detallada y pedagógicamente por qué no se cumplen cuando cambian las circunstancias.
El ministro Montoro, requerido sobre este asunto, afirmó que en 2018 se acelerará más decididamente la actuación en la línea prometida a Cataluña? Pero las palabras de Rajoy, desairadas por el PGE, todavía vibran en los oídos de los catalanes. Es todo muy difícil de entender y por fuerza hay que preguntarse quién recomendó a Rajoy aquel viaje cuando ya se sabía que los Presupuestos deberían ser restrictivos, y quién elabora la política económica sin tener en cuenta unos compromisos políticos de cuyo cumplimiento depende nada menos que la integridad del país.
