La semana pasada, una madre de El Ejido se sentó en el banquillo para responder por un posible delito de malos tratos en el ámbito familiar porque forcejeó con su hijo de 15 años para quitarle el móvil y conseguir que se pusiera a estudiar. En la breve refriega, el chico sufrió un rasguño y, acompañado por un familiar, denunció a su progenitora ante la guardia civil. Aunque resulte pasmoso, la fiscalía se sumó al adolescente y pidió nueve meses de cárcel para la mujer. Por suerte, un juez de primera instancia ha puesto sentido común en todo este asunto, y absolvió a la ciudadana porque su actuación fue correcta "en el pleno derecho y correcto ejercicio de los derechos y obligaciones de la patria potestad", quedando acreditado que no existió violencia física. La sentencia viene a decir que los padres no solo tienen el deber de pagarle la tarifa plana al arrapiezo, sino también el de velar para que su uso no interfiera en la educación, y que son ellos y no los adolescentes los que ponen las normas y los límites en el entorno familiar. Tan inquietante como el grado de deterioro en la convivencia que presupone un comportamiento como el de este crío resulta que el Estado se ponga de su parte de una forma tan bobalicona. Me imagino que la madre se lo pensará dos veces antes de volver a requisarle el teléfono al hijo, pues no habrá sido agradable verse sometida a una investigación penal. Si suspende matemáticas, pues paciencia. Desde luego, tiene un sobresaliente en manipular las situaciones para salirse con la suya.
Los reyes del mambo tienen derecho a wifi. No se les puede culpar porque es lo que ven. El teléfono se ha infiltrado de tal manera en nuestras vidas que se hace difícil mantener una conversación con otra persona de más de cinco minutos sin interrupciones de todo tipo de avisos sonoros y mensajes. Los teléfonos están sobre la mesa a la hora de comer, en el coche, y ocupan el espacio antes reservado a los libros en los asientos del autobús, en los bancos de los parques y en las salas de espera. El hecho de recibir un whatsapp sobreentiende la obligación del destinatario de responderlo, y lo mismo con los correos electrónicos. Las infinitas posibilidades de aprendizaje, relación y desarrollo que proporciona la tecnología poseen una cara B que sociedades avanzadas ya están discutiendo. Al derecho del estudiante de El Ejido a disponer de su móvil cuando le dé la gana, se opone el de apagarlo y no estar pendiente las 24 horas del día de todo aquel que desee comunicarse.
El uno de enero entró en vigor en Francia una nueva reforma de la legislación laboral que incluye la desconexión de los trabajadores fuera de su horario laboral o en los periodos de vacaciones. Suscitó un gran consenso entre empresas y sindicatos la necesidad de legislar respecto a un tema que no se regula por simple sentido común, y que causa problemas de salud y ansiedad. La tecnología, una herramienta eficaz para la conciliación porque permite flexibilidad, genera al mismo tiempo estrés. Canadá, que declaró el acceso a internet de alta velocidad como un derecho básico, también lo está discutiendo. Estudios efectuados en España señalan que un tercio de los empleados reconoce no ser capaz de desconectar fuera de su horario, y que hacerlo le genera malestar. Así las cosas, no extraña que haya quien prefiere ver a la autora de sus días en la cárcel antes que quedarse sin teléfono.
